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El concejal y portavoz de la confluencia de Podemos e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, Nico Sguiglia, ha exigido este lunes 28 al alcalde, Francisco de la Torre, la puesta en marcha de un plan de medidas urgentes para «poner freno a la especulación» y garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad de Málaga, ante una crisis habitacional que, según ha señalado, «está expulsando a cada vez más familias, jóvenes y trabajadores de nuestra ciudad».
Sguiglia se ha referido a la situación de Málaga en el contexto de la «creciente movilización social» por el derecho a la vivienda en todo el país y ha reclamado al Gobierno municipal que «deje de actuar como espectador ante una emergencia que afecta directamente a miles de malagueños», según ha concretado la formación en una nota.
«Málaga no puede seguir siendo una ciudad donde cada vez resulta más difícil vivir y cada vez resulta más rentable especular con la vivienda», ha señalado el portavoz de Con Málaga. «El Ayuntamiento tiene herramientas para actuar y lo que exigimos al alcalde es que las utilice», ha añadido Sguiglia.
Desde Con Málaga han planteado la necesidad de aumentar de manera significativa el parque público de vivienda, reservando el suelo municipal disponible para la construcción de vivienda protegida y evitando que el patrimonio público se utilice para operaciones «que no garanticen una finalidad social». Además, Sguiglia ha considerado imprescindible que el Ayuntamiento desarrolle una política mucho más activa de adquisición de vivienda, «utilizando herramientas como el tanteo y retracto para incorporar inmuebles al parque público y destinarlos posteriormente a alquileres asequibles».
Asimismo, la formación ha reclamado medidas para combatir la vivienda vacía y los usos especulativos, incluyendo la utilización de las herramientas fiscales disponibles a través del IBI, así como estudios que permitan conocer con mayor precisión quién está comprando vivienda en Málaga y cuál es el peso de los grandes tenedores, fondos de inversión y sociedades dedicadas a la adquisición de inmuebles.
«Necesitamos conocer qué está pasando realmente en nuestro mercado inmobiliario y poner límites a aquellas dinámicas que convierten la vivienda en un activo para obtener rentabilidad en lugar de un lugar donde vivir», ha señalado Sguiglia.
Otro de los ejes planteados por Con Málaga es frenar la pérdida de vivienda residencial como consecuencia de la expansión de los usos turísticos, reclamando una regulación «más estricta» de las viviendas y apartamentos destinados a este mercado y mayores medios de inspección municipal. En este sentido, Sguiglia ha apostillado que «cada vivienda que deja de estar disponible para los vecinos en un contexto de escasez contribuye a aumentar la presión sobre los precios y dificulta todavía más el acceso a una vivienda».
Igualmente, Con Málaga ha reclamado que Málaga avanza hacia la declaración de zona de mercado residencial tensionado y que el Ayuntamiento utilice todas las herramientas previstas en la legislación «para favorecer el acceso a alquileres asequibles». «No podemos aceptar que mientras los salarios avanzan a un ritmo muy inferior al de los alquileres, las administraciones permanezcan de brazos cruzados», ha afirmado.
Al hilo, Sguiglia ha situado la lucha contra los desahucios y las situaciones de emergencia habitacional como una prioridad. En este sentido, ha reclamado reforzar los mecanismos municipales de prevención y acompañamiento de las familias afectadas, mejorar la coordinación con los servicios sociales y garantizar «que ninguna familia se quede en la calle como consecuencia de un desahucio». Para ello, Con Málaga ha propuesto «ampliar y mejorar los alojamientos de transición, de manera que puedan ofrecer una respuesta temporal y digna a las personas y familias que pierdan su vivienda mientras se encuentra una solución habitacional estable».
Asimismo, la formación ha considerado necesario «mejorar sustancialmente» el funcionamiento de la Oficina del Derecho a la Vivienda, dotándola de mayores recursos humanos y materiales y reforzando su capacidad de asesoramiento, mediación y acompañamiento. «La Oficina del Derecho a la Vivienda no puede limitarse a atender a quienes ya están al borde del desahucio; necesitamos una política municipal capaz de anticiparse a los problemas, acompañar a las familias y actuar antes de que la situación se convierta en una emergencia», ha defendido Sguiglia.
En relación, el portavoz de Con Málaga ha criticado la actuación del Partido Popular al frente del Ayuntamiento. «El problema no es que no existan alternativas. El problema es que el Partido Popular lleva años votando en contra de medidas básicas para defender el derecho a la vivienda y ha mantenido una política de pasividad frente a la especulación», ha afeado.
En esta línea, Sguiglia ha acusado al Gobierno municipal de mantener una actitud que, a su juicio, «termina favoreciendo a los grandes especuladores y rentistas mientras perjudica a quienes necesitan una vivienda para vivir». «Cuando un Ayuntamiento conoce la situación que están atravesando sus vecinos y no utiliza todas las herramientas que tiene a su alcance, esa pasividad no es neutral: tiene consecuencias y las consecuencias las están pagando las familias malagueñas», ha afirmado.
En suma, el portavoz de Con Málaga ha reclamado al alcalde que «escuche el mensaje que está llegando desde las calles de Málaga y de muchas ciudades españolas» y coloque la vivienda como una prioridad de la acción municipal. «No estamos hablando de un problema abstracto. Estamos hablando de jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte insoportable de sus ingresos al alquiler, trabajadores que no pueden permitirse vivir en la ciudad en la que trabajan y vecinos que se ven obligados a marcharse de los barrios en los que han vivido toda su vida», ha agregado.
De este modo, para Sguiglia, «la vivienda debe dejar de ser tratada únicamente como un activo financiero y debe recuperar su consideración como un derecho básico de la ciudadanía». «De la Torre tiene que elegir entre seguir manteniendo una política que permite que la vivienda sea cada vez más un negocio para grandes propietarios y rentistas o utilizar las competencias municipales para defender a quienes viven y trabajan en Málaga. Desde Con Málaga tenemos claro que el Ayuntamiento tiene que estar del lado de la gente que necesita una vivienda, no del lado de quienes hacen negocio con ella», ha concluido.
