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Varias comunidades autónomas del PP han acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de generar «inseguridad jurídica» con sus medidas de vivienda, que deben someterse a convalidación este viernes en el Pleno del Congreso, y han abierto la puerta a posibles recursos en los tribunales si finalmente prospera el llamado 'decreto Maricarmen'.
La primera autonomía que se ha pronunciado de forma más contundente ha sido Castilla y León, donde gobierna el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco. A su entender, las medidas de los decretos de Pedro Sánchez invaden competencias.
Así, el consejero de Economía y Hacienda de CyL, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado la voluntad del Ejecutivo autonómico de recurrir los decretos aprobados por el Gobierno central porque invaden de forma «clara» las competencias autonómicas, «perjudican» los intereses de la Comunidad y generan «inseguridad jurídica». El Gobierno de CyL sostiene que ese trámite se formalizará una vez que se confirme su convalidación parlamentaria.
Sin embargo, está por ver si este viernes prospera en el Pleno del Congreso el llamado 'decreto Maricarmen', que plantea ampliar hasta el 2030 la protección frente a desahucios, prorrogar dos años los alquileres y dificultar las compras de los fondos especuladores.
El segundo decreto, relativo a las prorroga automática de los alquileres y que incluye indemnización a los inquilinos si el propietario decide resolver el contrato sin un motivo recogido en la norma, no tiene visos de salir adelante en la Cámara Baja por la falta de apoyos suficientes.
En este momento todas las miradas están puestas en Junts. El partido de Carles Puigdemont ha convocado esta noche a las 21.00 horas una reunión de su Ejecutiva para decidir su voto, pero su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, enfrió su apoyo este jueves al 'decreto Maricarmen' al afirmar que su partido estaba «decepcionado» y «preocupado» por las medidas. En cualquier caso, se comprometió a estudiarlos antes de tomar una decisión.
Varias comunidades del PP ha coincidido este jueves en que los textos del Gobierno provocan inseguridad jurídica y, por lo tanto, no descartan activar la vía jurídica si finalmente prosperan en el Pleno de la Cámara Baja.
«Tendremos que esperar a ver lo que pasa mañana en el Congreso», aseguran a Europa Press fuentes de otro Gobierno autonómico del PP, que aseguran que van a estar atentos al resultado de la votación parlamentaria antes de decidir cualquier paso.
En 'Génova' dan vía libre a que sus CCAA puedan ir a los tribunales en el ejercicio de sus competencias, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'. Este jueves, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, han alertado de que los decretos van a provocar una «ola de recursos» en los juzgados.
En parecidos términos se ha expresado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha afirmado que el Gobierno está «generando inseguridad» con sus decretos que «igual no duran ni horas», al tiempo que le ha reprochado que esté haciendo un «uso electoralista» de este asunto tras las movilizaciones populares.
Tras calificar de «rotundo fracaso» la política de vivienda de Pedro Sánchez, que ha enmarcado en «la improvisación y la ideologización», Moreno ha acusado al Gobierno de «atacar a las familias que alquilan una viviendas destinando su ahorro a lo largo de su vida».
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se han mostrado beligerantes contra el Ejecutivo central por este asunto, si bien por el momento no han desvelado si podrían ir a la Justicia. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que se está tratando a 28 millones de propietarios como si fueran «sinvergüenzas» y ha pedido respeto para «la hucha de la clase media».
Así, Ayuso ha subrayado que más del 70% de los propietarios reside en su propia casa pero «es su hucha» y se ha preguntado por qué no pueden ponerla en alquiler o dejárselas a sus hijos. Además, ha dicho que si el Gobierno no tienen «nada que ver con la vivienda» para qué tienen «otro ministerio».
De la misma manera, la presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha advertido de que responsabilizar a los propietarios de la vulnerabilidad de los inquilinos provocará menos oferta. En este sentido, ha afirmado que debe darse seguridad al propietario.
Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también ha recalcado al Gobierno de Sánchez que «se habla mucho de grandes fondos» y «grandes tenedores» pero en España y Galicia «la mayoría son pequeños propietarios que ahora mismo quedan absolutamente desprotegidos y con todas las cargas que se le impone este decreto».
Asimismo, Rueda ha recriminado al Gobierno de Sánchez que haya dado luz verde a los dos decretos de vivienda sin dialogar con las comunidades autónomas. Y frente a lo que ve «una huida hacia delante», ha reivindicado «el modelo de Galicia» que, según ha dicho, pone el foco en la construcción de nuevos inmuebles.
