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La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) distingue «problemas de equidad» en materia de financiación, que son «prácticamente invisibles» para el público general, ya que sitúa a Cataluña como la comunidad que más recursos recibió para la gestión de sus competencias singulares, con 450 euros por habitante, frente a los 8 euros 'per cápita' que recibió Castilla-La Mancha.
Lo ha hecho en un informe publicado recientemente sobre el coste de las competencias no homogéneas, redactado por su director, Ángel de la Fuente, en el que alerta de que este reparto genera diferencias extremas entre las autonomías de régimen común.
Fedea ha recopilado los datos del ejercicio de 2023, en los que sitúa a Cataluña liderando este apartado con un total de 3.563 millones de euros, un volumen que equivale a un índice de 243,4, lo que representa casi dos veces y media la media de las comunidades de régimen común, fijada en 185 euros por habitante.
Tras Cataluña, las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja han figurado como las siguientes regiones con una mayor dotación por habitante por estos conceptos, con 320 y 318 euros, respectivamente.
Por el contrario, en el extremo opuesto del listado aparecen las comunidades que apenas han asumido transferencias singulares, como es el caso de Castilla-La Mancha, con ocho euros por habitante; Castilla y León, con nueve euros, y Extremadura, con 11 euros por habitante.
En este informe, Fedea también denuncia que la metodología del «coste histórico» que se está aplicando actualmente genera «valoraciones muy dispares e incoherentes» para un mismo servicio según el territorio. De hecho, el autor cree que estas desigualdades resultan «prácticamente invisibles» para la ciudadanía porque el Ministerio de Hacienda no publica con regularidad los datos detallados.
Por ello, Fedea ha analizado el ejercicio 2023 y ha cifrado en 8.319 millones de euros el gasto en competencias singulares, es decir, atribuciones que solo asumen algunas autonomías.
Después de la policía autonómica catalana, la competencia singular más cara es el personal de la Administración de Justicia, con 1.765 millones de euros, seguida de la participación provincial en los ingresos del Estado, con 1.329 millones.
El estudio ha detallado que a estas partidas les siguen los fondos para la normalización lingüística, que ascienden a 813 millones, los hospitales provinciales, con 606 millones, y las instituciones penitenciarias de Cataluña, con 603 millones.
En este contexto, el informe señala ejemplos de costes dispares por el mismo servicio, que considera «difícilmente justificables».
En la gestión de la Administración de Justicia, traspasada a diez comunidades, el coste por habitante oscila en un abanico de más de 80 puntos de índice. Mientras que Asturias ha recibido 81,8 euros por habitante, Galicia ha percibido 35,5 euros y la Comunidad Valenciana se ha quedado en 37,7 euros.
Una brecha más acentuada se ha registrado en la partida destinada a los profesores de religión, donde la financiación por alumno en edad escolar presenta desviaciones de más de 150 puntos de índice. Asturias lidera este reparto con 88,7 euros por alumno, frente a los 20 euros de Cataluña o los 29,2 euros de Baleares.
Por su parte, la valoración de las competencias de las provincias sitúa a Madrid con 136 euros per cápita ante los 367 euros de Extremadura.
