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El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado que ningún miembro de un poder del Estado debería «descalificar o cuestionar las decisiones del Constitucional ni de ningún otro tribunal» y ha defendido que la independencia judicial debe ser respetada.
«Quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución y quien cuestiona la Constitución está cuestionando la democracia», ha señalado este domingo en una entrevista publicada en 'El País', recogida por Europa Press, tras avalar esta semana amnistiar el delito de malversación que pesa sobre dirigentes del 'procés' como el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.
Conde-Pumpido ha defendido la actuación del tribunal en relación con la ley de amnistía y ha recordado que el Constitucional anuló durante el 'procés' normas como la ley de transitoriedad y la del referéndum, además de avalar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
«Una vez aprobada por el Parlamento una ley de amnistía, estamos obligados a que esa norma se aplique de acuerdo con su interpretación constitucional. Es lo que ha sucedido. Primero resolvimos que la ley es constitucional. Luego respondimos algunas cuestiones planteadas por los tribunales. Finalmente, algunos ciudadanos alegaron a través de recursos de amparo que no se les había aplicado correctamente la norma y que esto suponía una vulneración de tres derechos fundamentales. Y nosotros, en el ámbito de nuestra jurisdicción, hemos manifestado que estas personas no deben quedar fuera de esta norma aprobada por el Parlamento», ha explicado.
El presidente del Constitucional ha justificado la decisión de conceder amparo a los condenados por malversación vinculada al proceso independentista catalán, al entender que la excepción prevista en la ley de amnistía se refiere a los casos de corrupción en los que los fondos públicos se desvían para el enriquecimiento particular. «Un supuesto que aquí no ocurre», ha afirmado.
En relación con la posible vuelta a España del expresidente catalán Carles Puigdemont, Conde-Pumpido ha señalado que corresponde al Supremo decidir cómo aplicar la doctrina constitucional a los distintos afectados por la amnistía. Según ha explicado, el alto tribunal ya ha adoptado algunas medidas tras conocer la sentencia, y ha asegurado que está actuando «con la máxima diligencia y celeridad».
Asimismo, ha defendido que la Constitución delimita con claridad las competencias de ambos órganos y que el Constitucional es el último garante de los derechos fundamentales.
Preguntado por la división entre magistrados progresistas y conservadores en las resoluciones de mayor contenido político, el presidente del TC ha negado que se trate de un síntoma de polarización de la Justicia y lo ha atribuido a la «pluralidad interna del tribunal».
El magistrado ha rechazado que exista «lawfare» en España, aunque ha advertido de un problema de «judicialización de la política» que, a su juicio, permite que debates políticos terminen convirtiéndose en procesos penales.
«Cualquier debate político sobre cualquier cuestión se convierte en un proceso penal inmediatamente a través de unas organizaciones que se dedican a eso. Ese tipo de organizaciones no existen en el resto del mundo, y ningún país europeo admite que los partidos políticos puedan participar directamente en los procesos penales. Los legisladores, con buen criterio, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, han hecho proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», ha señalado.
Sobre la situación de Ceuta, Conde-Pumpido ha defendido que la Constitución «deja perfectamente clara» la españolidad de la ciudad autónonoma y ha considerado que el rechazo en frontera es un procedimiento constitucional. «Toda persona que cruza ilícitamente la frontera desde África a la UE debe ser devuelta de manera inmediata, sin más trámites», ha afirmado.
Por último, Conde-Pumpido ha evitado pronunciarse sobre la obligación del Gobierno de presentar los Presupuestos Generales del Estado, y ha explicado que el tribunal no adoptará ninguna resolución sobre esta cuestión mientras dure el proceso electoral.
Y sobre la vivienda, ha señalado que se trata de un asunto «manifiestamente político» y ha recordado que las competencias corresponden a las comunidades autónomas, aunque el Estado también ha ejercido las suyas mediante la Ley de Vivienda, sobre la que el Constitucional ya ha resuelto ocho recursos presentados por autonomías.
