Las autoridades de Burkina Faso han anunciado la suspensión de actividades de más de 350 asociaciones por supuestas irregularidades administrativas, una semana después de hacer lo propio con cerca de 120 organizacione de la sociedad civil.
La decisión, firmada por el ministro de Administración Territorial, Émile Zerbo, afecta a un total de 359 asociaciones acusadas de "no renovar sus estructuras organizativas", por lo que ahora no cuentan con autorización para continuar llevando a cabo sus funciones.
"La retirada de la suspensión de cada una de las asociaciones afectadas queda subordinada a que obtengan una prueba de renovación", recoge el decreto. Según el portal de noticias Burkina 24, las asociaciones afectadas se dedican a labores religiosas y culturales, deportivas, sanitarias, sociales y de desarrollo, entre otros asuntos.
Estos pasos de Uagadugú se enmarca en una ley aprobada en julio de 2025 que incrementa de las obligaciones administrativas y financieras de las organizaciones civiles bajo el argumento de luchar contra la corrupción, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Burkina Faso está gobernado por una junta militar denominada Movimiento Patriótico de Salvación y Restauración (MPSR), desde el golpe de Estado de 2022, que derivó en el nombramiento como presidente interino de Paul-Henri Sandaogo Damiba, quien meses después fue apartado del poder en una segunda asonada que elevó al poder al actual presidente de transición, Ibrahim Traoré.
El país africano había experimentado previamente un aumento significativo de la inseguridad desde 2015, con ataques por parte de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico que han contribuido a incrementar la violencia intercomunitaria, por lo que las nuevas autoridades prometieron mano dura a la hora de hacer frente a la amenaza de los grupos yihadistas y a la amenaza de su expansión en el Sahel.
