Artículo completo
La Comisión Europea ha planteado este martes la integración gradual de los países candidatos a la Unión Europea antes de su entrada formal en el bloque y establecer nuevas salvaguardas que permitan sancionarlos durante los 15 años posteriores a su adhesión en caso de violaciones graves del Estado de derecho o de los valores fundamentales de la UE, llegando incluso a suspender su derecho de voto.
Se trata de dos de los ejes de una batería de reformas para preparar a las instituciones, las políticas y el presupuesto comunitarios ante la futura ampliación del bloque, entre las que Bruselas destacada también limitar el uso de la unanimidad para reducir los vetos nacionales y abre la puerta a reducir el tamaño del Ejecutivo comunitario, que actualmente cuenta con 27 comisarios, uno por Estado miembro.
Así lo ha trasladado el Ejecutivo comunitario en una propuesta presentada a los Veintisiete y al Parlamento Europeo, con la que pretende preparar a la Unión Europea para asumir nuevos miembros aprovechando las posibilidades que ofrecen los actuales tratados y sin necesidad de reformarlos, un proceso que requeriría la unanimidad de todos los Estados miembro.
La iniciativa, que ahora deberá ser discutida por los Estados miembro y la Eurocámara, llega cuando varios candidatos han acelerado su proceso de entrada en el bloque y Montenegro aspira a cerrar sus negociaciones antes de finales de este año, con el objetivo de convertirse en Estado miembro de pleno derecho en 2028.
En el plano institucional, la Comisión quiere reducir los ámbitos en los que cada Estado miembro conserva derecho de veto y propone hacer un mayor uso de las denominadas cláusulas pasarela, que permiten sustituir la unanimidad por decisiones por mayoría cualificada sin necesidad de reformar los tratados, aunque su activación requiere previamente el respaldo unánime de los Veintisiete.
«Los tratados lo permiten. Es posible reducir el número de ámbitos en los que un solo país puede vetar decisiones que todos los demás apoyan», ha defendido la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, durante una rueda de prensa en la que ha señalado como ejemplos las sanciones, la lucha contra el fraude fiscal o las decisiones intermedias en los procesos de adhesión de los países candidatos.
El Ejecutivo comunitario apuesta además por recurrir con mayor frecuencia a la cooperación reforzada, que permite a un grupo de países avanzar conjuntamente en determinadas políticas dejando abierta la puerta a que el resto se sume posteriormente, como otra vía para facilitar la toma de decisiones en una Unión con más miembros.
En paralelo, Bruselas plantea revisar el tamaño de la propia Comisión Europea ante futuras ampliaciones. Según recoge el documento, los tratados contemplan la posibilidad de que el Colegio de Comisarios esté compuesto por un número equivalente a dos tercios de los Estados miembro, mediante un sistema de rotación igualitaria, frente al modelo actual de un comisario por país.
La Comisión ha considerado que un Ejecutivo más reducido permitiría contar con carteras más amplias y simplificar la coordinación interna, aunque reconoce que el sistema actual aporta al Colegio un conocimiento directo de la realidad política, económica y administrativa de toda la Unión.
Otro de los ejes de la propuesta pasa por profundizar en la integración gradual de los países candidatos antes de que se conviertan formalmente en Estados miembro, permitiéndoles participar de forma anticipada en determinadas políticas, programas y estructuras comunitarias a medida que avancen en las reformas exigidas para su adhesión.
«La integración gradual no sustituye a la plena adhesión, es un acelerador de la ampliación», ha querido aclarar la comisaria, que ha explicado que este proceso estará condicionado tanto al progreso de las reformas como al alineamiento estratégico de los candidatos con la Unión Europea.
En la práctica, esta integración podrá traducirse en un acceso anticipado a programas europeos como Erasmus+ u Horizonte Europa, una mayor participación en agencias de la UE como Frontex y una incorporación progresiva a partes del mercado único, además de a las redes europeas de transporte, energía y conectividad digital y a grupos de expertos y comités comunitarios.
Esta participación será, no obstante, «reversible» y estará vinculada al cumplimiento de las reformas y al respeto de los valores e intereses estratégicos de la UE, de forma que Bruselas podrá retirar los beneficios concedidos si un candidato deja de cumplir las condiciones.
La Comisión propone además reforzar las salvaguardas para evitar que los nuevos Estados miembro incumplan, una vez dentro de la UE, los compromisos asumidos durante las negociaciones de adhesión, especialmente en materia de Estado de derecho, democracia y Derechos Fundamentales.
«Tenemos que estar seguros de que, después de entrar, nunca vuelvan a caer por debajo de esos estándares», ha señalado Kos, que ha defendido la necesidad de aprender de la experiencia de ampliaciones anteriores y dotar a la UE de herramientas que permitan «recortar el apoyo financiero o restringir los derechos de voto» en caso de retrocesos graves.
Para ello, Bruselas plantea una «póliza de seguros» en forma de salvaguarda institucional que podrá aplicarse durante los primeros 15 años desde la entrada de un nuevo país en la UE y que permitirá responder a «violaciones graves de los valores fundamentales del bloque» o del principio de «cooperación leal», llegando en los casos más graves a suspender su derecho de voto en el Consejo.
Junto a estas salvaguardas la Comisión quiere que los futuros Estados miembro asuman el compromiso opcional y durante un periodo de tiempo de no bloquear posteriores ampliaciones de la UE por disputas bilaterales con otros candidatos —como en los Balcanes—, una medida para evitar que este tipo de contenciosos paralicen los procesos de adhesión.
Más allá de las reformas institucionales, el análisis del Ejecutivo de Ursula von der Leyen concluye que la UE puede asumir la ampliación en la mayoría de sus políticas actuales, aunque identifica ámbitos en los que serán necesarios ajustes específicos, entre ellos la agricultura ante una eventual adhesión de Ucrania.
Por «la escala, la estructura y la muy elevada productividad» del sector agrícola ucraniano, la Comisión plantea estudiar medidas específicas que limiten «significativamente» el apoyo financiero y el acceso al mercado para determinados productos agrícolas sensibles con el objetivo de evitar que la entrada de Kiev tenga un impacto negativo sobre los agricultores europeos, al tiempo que se ayuda al país a recuperar sus mercados históricos de exportación en terceros países.
En paralelo, la Comisión ha identificado a Montenegro, Albania, Moldavia y Ucrania como los cuatro candidatos «más avanzados» y presentará el próximo 28 de octubre, junto a sus informes anuales de ampliación, hojas de ruta indicativas para cada uno de ellos que fijarán los próximos pasos, calendarios orientativos y objetivos concretos para avanzar hacia la adhesión.
«No habrá atajos», ha recalcado la comisaria eslovena, que ha insistido en que el avance de cada candidato seguirá dependiendo de sus propios méritos y del cumplimiento de las reformas exigidas por Bruselas.
