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La Comisión Europea ha evitado este miércoles aclarar si prevé activar su Estatuto de Bloqueo, el mecanismo para neutralizar los efectos de las sanciones dictadas por Estados Unidos contra altos cargos del Tribunal Penal Internacional (TPI), limitándose a señalar que el Ejecutivo comunitario está evaluando las implicaciones de la medida y que el uso de esta herramienta sería «especular».
Cuestionado en rueda de prensa sobre las peticiones de varias países para que se aplique este mecanismo de protección legal frente a las sanciones norteamericanas, el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso, ha eludido confirmar pasos concretos.
«En cuanto a la activación (del Estatuto de Bloqueo), son especulaciones. Estamos siguiendo de cerca las implicaciones de estos últimos anuncios y, como siempre, permanecemos en contacto pleno y constante con nuestros Estados miembros», ha manifestado.
Según ha explicado el portavoz, el estatuto es un mecanismo europeo diseñado para proteger a ciudadanos, empresas e instituciones de los Veintisiete frente a «la aplicación extraterritorial de sanciones impuestas por terceros países». Su objetivo principal es anular los efectos en territorio comunitario de este tipo de medidas unilaterales cuando la UE «considera que contravienen el Derecho Internacional».
Pese a la cautela sobre la activación del instrumento, la Comisión Europea ha reafirmado su compromiso «firme» con el TPI como «piedra angular del sistema internacional de justicia penal», subrayando la necesidad de salvaguardar su independencia y operatividad.
Cardoso ha recordado que se están facilitando «todas las medidas apropiadas» en estrecha coordinación con el propio tribunal, los Estados miembro y las partes interesadas, evaluando de forma constante «su eficacia y viabilidad legal», aunque no ha ofrecido datos más concretos.
El pasado mes de mayo algunos países, entre ellos España, ya solicitaron a la Comisión Europea la activación de este mecanismo para proteger de las sanciones estadounidenses a la relatora de la ONU Francesca Albanese y los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional que investigan el genocidio en Gaza no tengan efecto en la Unión Europea.
No obstante, el Ejecutivo comunitario evitó responder a dicha petición, esgrimiendo solamente que ya el trabajaba para proteger la acción del TPI y para permitir que su personal «pueda seguir viviendo y desempeñando su trabajo».
Este martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión en su 'lista negra' de sanciones a la presidenta del TPI, Tomoko Akane, y el fiscal Abdoulaye Seye por su papel en las investigaciones iniciadas por el tribunal por crímenes de guerra cometidos en Gaza.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó la medida acusándoles de haber «participado directamente en las iniciativas del TPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios» de gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma, lo cual, ha advertido en un comunicado, «sienta un peligroso precedente para todas las naciones».
El TPI dictó en noviembre de 2024 sendas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en el marco de la ofensiva militar lanzada más de un año antes sobre la Franja de Gaza.
