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El Gobierno de Brasil ha declarado este martes que «repudia» la revocación del visado de su embajadora en Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti, después de que las autoridades brasileñas hayan retrasado la aprobación del candidato de Washington para dirigir la legación diplomática estadounidense en Brasilia, que ha defendido el tiempo destinado a valorar este caso así como la denegación del visado, días antes, a dos funcionarios del Departamento de Estado que iban a viajar al país sudamericano.
«El Gobierno de Brasil repudia la decisión anunciada hoy por el Departamento de Estado de Estados Unidos de cambiar la visa de la embajadora de Brasil en Washington», reza la nota publicada por el Ejecutivo brasileño en respuesta a la cartera diplomática estadounidense.
Esta última ha alegado que aprobará de nuevo el visado de la diplomática brasileña una vez que el país sudamericano apruebe a Daniel Pérez como embajador de Estados Unidos en Brasilia. El Departamento que lidera Marco Rubio solicitó autorización a Brasil para nombrar a Pérez como su representante diplomático pero lo hizo un mes después de hacer público el nombramiento, lo que provocó malestar en el Palacio de Planalto.
De hecho, el Ejecutivo brasileño ha afeado en su comunicado este modo de actuar, recordando que «el proceso de 'agrément' (el consentimiento previo y confidencial que un Estado receptor otorga a otro para aceptar a su candidato a jefe de misión diplomática) es confidencial, y el nombre del candidato solo debe hacerse público una vez otorgada la aprobación, según lo estipulado en el Artículo 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas».
Además, ha defendido el tiempo destinado a valorar el caso, indicando que «la Convención de Viena no establece ningún plazo para otorgar el agrément» y que «la solicitud de Estados Unidos aún está en revisión». «Brasil se rige estrictamente por el Derecho Internacional», remarca el texto.
Por otra parte, Brasilia ha justificado la denegación del visado, días antes, a dos funcionarios del Departamento de Estado que iban a viajar al país para debatir sobre la liberad de expresión en el contexto de las elecciones, según afirmó Washington en un primer momento, si bien el diario 'The Washington Post' reveló que los subsecretarios del Departamento Riley M. Barne e Samuel D. Samson pretendían sembrar dudas sobre el sistema de voto electrónico del país antes de las elecciones de octubre.
«Los dos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos a quienes se les negaron las visas de entrada a Brasil planeaban visitar el país para cuestionar la integridad del sistema electoral brasileño, en un intento inaceptable de interferir en el proceso político nacional», ha protestado a este respecto el Palacio del Planalto.
El Ejecutivo liderado por Luiz Inácio Lula da Silva ha enmarcado la decisión de la Admnistración de Donald Trump como «parte de una escalada deliberada de medidas hostiles contra Brasil, motivada por razones ideológicas incompatibles con una relación bilateral que siempre se ha basado en el respeto mutuo».
Alude así a una relación azotada por las sanciones, aranceles y represalias impuestas desde Washington por el juicio por intento de golpe de Estado al expresidente Jair Bolsonaro, el impulso desde Brasilia al sistema de pagos Pix —que, aqueja Washington, afecta a proveedores estadounidenses— o las medidas para hacer responsables a las plataformas de redes sociales de los contenidos publicados en las mismas.
«Cabe recordar que las sanciones individuales contra funcionarios brasileños siguen vigentes, en particular la cancelación de visas estadounidenses, basada en la acusación infundada de persecución política contra el expresidente Bolsonaro», ha anotado el Gobierno de Brasil, apuntando que «entre estos funcionarios se encuentran magistrados del Tribunal Supremo y altos cargos del Poder Ejecutivo».
Entre ellos se encuentra el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, uno de los objetivos del fracasado golpe de Estado liderado por Jair Bolsonaro y destacada figura en el proceso legal resultante, así como en otros juicios contra el expresidente y su hijo Eduardo Bolsonaro, huido a Estados Unidos.
«El Gobierno brasileño no ha escatimado esfuerzos para resolver estas diferencias», subraya el documento, que recoge que «el propio presidente Lula, durante su visita a Washington en mayo pasado, solicitó, entre otros asuntos, al presidente Trump que levantara las sanciones individuales».
Además, Brasilia ha anotado que «el interés injustificado en interferir en las próximas elecciones presidenciales también es evidente». En estos comicios, Lula se enfrentará, entre otros, al ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro y que ya ha recibido el apoyo de Washington.
«En consonancia con su tradición diplomática, el Gobierno brasileño se opone a los enfoques de confrontación y reitera su compromiso con el diálogo y la negociación en todas sus relaciones internacionales», ha concluido.
