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Las autoridades de Brasil han instado a actuar a la Policía Federal (PF) y a la Fiscalía General (PGR, por sus siglas en portugués) para investigar la supuesta financiación por parte de Estados Unidos destinada a interferir en las elecciones brasileñas y deslegitimar al Supremo Tribunal Federal (STF), al calor de nuevas alegaciones de presión y ataques por parte de la Administración de Donald Trump contra Brasília.
La Abogacía General de Unión (AGU), órgano que representa legalmente al Ejecutivo brasileño, ha anunciado su solicitud de intervención a la PF y la PGR ante la información «especialmente grave» publicada por el diario británico 'The Guardian' según la cual la Administración Trump pretende desviar fondos de Derechos Humanos del Departamento de Estado a iniciativas en diferentes países entre las cuales se encuentra una campaña contra el STF.
«De comprobarse, la recepción de capital extranjero para promover ataques organizados y sistemáticos contra la soberanía nacional y el funcionamiento de las instituciones del Sistema de Justicia brasileño, mediante la instrumentalización de fondos internacionales desviados de su propósito original de proteger los Derechos Humanos, podría revelar una estructura de injerencia externa en los asuntos internos del Estado brasileño», ha alertado la AGU en un comunicado recogido por la agencia Brasil.
Al hilo, la Abogacía del Estado ha recordado que, si bien la legislación brasileña consagra la libertad de expresión y el derecho legítimo a la crítica, también prohíbe las injerencias extranjeras en el país.
«El propio orden constitucional brasileño se basa en los principios de soberanía, independencia y no intervención. Tales premisas se traducen, por ejemplo, en la prohibición de la financiación o subordinación de agrupaciones políticas por parte de entidades o gobiernos extranjeros», ha agregado.
Horas antes, el propio abogado general del Estado brasileño, Jorge Messias, ha manifestado que «no se puede admitir que intereses extranjeros pretendan interferir» en asuntos internos de Brasil, considerando «igualmente preocupante» que algunos políticos brasileños persigan «respaldo en el extranjero para confrontar a las instituciones», aludiendo a las mismas alegaciones por las que su cartera ha terminado por pedir la intervención de la Policía y la Fiscalía.
«Esta información es especialmente grave dado el proceso electoral brasileño y los recientes episodios de presión externa sobre nuestras instituciones», ha denunciado Messias, que, subrayando que «las divergencias entre gobiernos son propias de las relaciones internacionales, lo que no se puede admitir es que intereses políticos extranjeros pretendan interferir en el funcionamiento de las instituciones brasileñas o influir, directa o indirectamente, en decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo brasileño».
Asimismo, ha considerado que la información trascendida «resulta igualmente preocupante cuando proyectos políticos nacionales buscan respaldo en el extranjero para confrontar a las instituciones de la propia República», en velada alusión a las campañas de la oposición bolsonarista por granjearse el apoyo de la Administración Trump y provocar medidas de las autoridades estadounidenses contra las instituciones brasileñas, con Eduardo Bolsonaro —hermano del candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro— a la cabeza.
«Ninguna disputa interna justifica subordinar los intereses nacionales a gobiernos, partidos o movimientos extranjeros», ha incidido Messias, que ha considerado que esá «en juego» el derecho de «cada generación de brasileños a decidir libremente su destino, proteger sus instituciones y entregar a sus hijos un país que no acepte que las decisiones sobre Brasil se tomen fuera de Brasil». «Nuestra democracia pertenece a los brasileños. Y así debe permanecer», ha zanjado.
La información ha trascendido a escasos días de que tengan lugar las elecciones de Brasil, en el marco de las cuales la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) alertó ya a mediados de septiembre al Ejecutivo de un nivel «crítico» de la escalada de presión de Estados Unidos e incluso de una posible injerencia de Washington.
El informe sobre «amenazas al proceso electoral de 2026» de ka ABIN se refiere a una posible influencia e interferencia de Estados Unidos, una «tendencia de escalada de la presión sobre Brasil». «La reafirmación de la hegemonía de Estados Unidos en América Latina es la prioridad del segundo Gobierno de Trump», advierte, citando documentos estratégicos estadounidenses divulgados entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.
Según la información difundida por 'The Guardian', la Administración Trump pretende desviar más de 177 millones de dólares (cerca de 157 millones de euros) del principal fondo de Derechos Humanos del Departamento de Estado a una serie de subvenciones que incluyen una ayuda de 40 millones de dólares (36 millones de euros) para un fondo anticomunista, apoyo a un grupo que defiende los derechos de los afrikáners blancos en Sudáfrica, una campaña contra el Tribunal Supremo de Brasil y programas que recompensarían a aliados ideológicos en Europa que protejan las 'normas de la civilización occidental'.
El Departamento de Estado habría asignado este miércoles los fondos a los beneficiarios horas antes de que venciera el plazo, a pesar de las preocupaciones y solicitudes del Congreso para que no lo hiciera, según una fuente familiarizada con las negociaciones citada por el diario británico.
Entre esas asignaciones se encuentran 43 subvenciones que rozan los 177 millones de dólares y que reforzarán causas conservadoras y de derechas en todo el mundo y que constituyen la mayor parte de los 205 millones de dólares (182 millones de euros) en fondos asignados por el Congreso para el Fondo de Derechos Humanos y Democracia (HRDF, por sus siglas en inglés), según los documentos a los que ha accedido 'The Guardian'.
La mayor asignación, por valor de 40 millones de dólares, corresponde a un consorcio liderado por la Victims of Communism Memorial Foundation (VOC), una organización sin ánimo de lucro anticomunista que ya había recibido fondos en el pasado, aunque en cantidades notablemente menores.
Además, entre las ayudas también se encuentra un millón de dólares (889.000 euros) bajo el título «Contrarrestar el 'lawfare' y la censura en Brasil», para financiar a grupos de la sociedad civil brasileña contrarios a lo que denominan extralimitación judicial y censura por parte del Supremo Tribunal Federal de Brasil, una línea similar a la empleada por la Casa Blanca para justificar sus sanciones en 2025 contra el magistrado brasileño Alexandre de Moraes tras las gestiones de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y en medio del juicio instruido por el propio De Moraes en el que el exmandatario y aliado de Trump terminó condenado a más de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.
