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La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia ha aprobado este viernes una resolución que faculta a la Cámara a suspender de forma directa al fiscal general del Estado cuando este resulte imputado por un delito grave, como ha ocurrido con el actual titular Roger Mariaca, y otorga a las autoridades políticas la designación de un fiscal general interino para cubrir eventuales ausencias.
«Vamos a implementar (la medida) para que una persona pueda hacerse cargo momentáneamente por tres meses, para que quede al mando de la Fiscalía. No puede quedarse la misma persona (implicada en un delito) o uno de su equipo (...) porque han sido parte del equipo del fiscal (Roger Mariaca), entonces no hubiera la garantía de la transparencia», se ha referido el presidente de la ALP, Diego Ávila, en el pleno.
El senador ha explicado que la modificación de la Ley número 260 del Ministerio Público busca dar transparencia a las investigaciones que se lleven adelante cuando el fiscal general esté involucrado en un delito grave, como en el caso reciente de Mariaca, acusado por narcotráfico.
«Entonces vamos a colocar a una persona (interina), que nada tiene que ver en el entorno del fiscal que se salió (...) en los tres meses tiene que cumplir la tarea que se le encomiende la Asamblea, no el Ejecutivo», ha manifestado.
Esta resolución, aprobada por mayoría de dos tercios, llega después de que el actual fiscal general interino, Luis Montaño, presentase este viernes la declaración por la que asumía el puesto del nuevo fiscal general de manera interina, amparándose en la Ley del Ministerio Público y por ser uno de los fiscales más antiguos.
Horas después, el Gobierno de Bolivia señalaba que la Policía detendría a Montaño por usurpación de funciones e intento de obstaculización de la investigación contra las autoridades involucradas en el caso Marset, en el que está involucrado Mariaca.
El Gobierno acusó al fiscal interino de intentar frenar las investigaciones contra los detenidos, acusándolo así de ponerse «del narcoterrorismo y de la estructura criminal» y asegurando que, por ello, «recibirá una respuesta firme y directa de parte del Gobierno».
