El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, ha declarado este martes que la pausa de los bloqueos anunciada por el expresidente Evo Morales no es un gesto de «generosidad», sino más bien viene motivado por la «presión» y el «sufrimiento» de las familias.
Se trata de la primera reacción del Gobierno al anuncio de Morales y sus aliados de levantar los bloqueos de manera momentánea, en el cuarto día ya desde que se decretó el estado de excepción y cuando se cumplen ya más de 50 días desde que se establecieron por todo el país, para protesta contra el presidente Rodrigo Paz.
Justiniano ha destacado que se ha logrado poner freno no a la protesta sino a «un método de presión que estaba castigando a millones de bolivianos». En ese sentido, ha señalado que «se trata de una victoria de la gente, de quienes resistieron en paz y de quienes querían trabajar».
El ministro de Defensa boliviano ha subrayado que durante todas estas semanas la población ha expresado su rechazo a estas medidas de presión que han afectado gravemente al transporte y al desplazamiento de trabajadores, así como al abastecimiento de productos de primera necesidad y al desarrollo económico.
Tras supervisar las labores de limpieza en la carretera que une La Paz con Copacabana, ha advertido de que el expresidente Morales tendrá que enfrentarse ante la ley por las declaraciones alentando a los bloqueos que ha venido emitiendo estos días.
«El señor Morales hizo declaraciones que han quedado registradas por la prensa. La ley tiene que actuar y buscar la responsabilidad de las personas que estuvieron a cargo de este tipo de situaciones que generaron violencia y sufrimiento para la población», ha dicho el ministro, según recoge la cartera de Defensa en una nota.
Unas investigaciones que no solo deben apuntar hacia Morales, ha dicho, sino también contra esos «dirigentes de una consigna política», «que financiaron esta situación que dejó a la familia boliviana sufriendo durante tantos días».
En declaraciones a 'El Deber', Justiniano considera que este final «deja a todos los bolivianos contentos» y que Morales y los suyos también han acabado por comprender, «aunque fueron los últimos», «que no se puede hacer política a costa de la presión de los bloqueos, a costa del sufrimiento de la gente».
Coincidiendo con el Día Internacional del Trabajador, la Central Obrera Boliviana (COB), uno de los grandes sindicatos del país, declaró una huelga general indefinida para reclamara mejoras laborales y salariales, así como medidas efectivas para hacer frente a la falta de divisas y combustible.
Unos días después, agrupaciones campesinas de La Paz se sumaron a las protestas levantando los primeros bloqueos en las carreteras, una medida de presión que fue replicada por otros grupos, entre ellos los más afines al expresidente Morales, por todo el país, haciendo suyas estas demandas, así como la dimisión de Paz.
Durante los momentos más críticos de la protesta se registraron más de un centenar de bloqueos repartidos en siete de los nueve departamentos que conforman Bolivia. Después de varios intentos fallidos por establecer un diálogo, finalmente cuando se cumplían 50 días de bloqueos la COB y el Gobierno llegaron a un acuerdo.
Horas después de aquello, Paz decretó el estado de excepción para servirse de las Fuerzas Armadas para levantar estos bloqueos, que continuaban siendo liderados por las agrupaciones campesinas y los aliados de Morales, quien tres días después de la declaración de emergencia anunciaba «un cuarto intermedio» de los bloqueos.
