Artículo completo
Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su asistente Cristina Álvarez han solicitado al juez Juan Carlos Peinado que posponga la audiencia preliminar de su juicio con jurado popular por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias convocada para este martes, ya que el abogado de Gómez no podrá estar en Madrid y la asistente se encuentra de viaje.
Gómez ha solicitado al juez instructor mediante un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el aplazamiento de la audiencia preliminar porque su abogado, Jaime Campaner, que reside de forma habitual en Palma de Mallorca, volará este martes a Barcelona para atender a otro proceso judicial el miércoles.
En el escrito, la defensa de Gómez detalla que compró un billete de avión el pasado 22 de julio para volar a Barcelona este martes y aterrizar por la tarde.
Además, indica que «a fin de evitar nuevas solicitudes de suspensión y nuevo señalamiento», el letrado «podría asistir a la comparecencia cualquier día de la semana en horario de tarde», dado que el miércoles viajará a Madrid en tren y prevé llegar por la tarde.
Por su parte, la defensa de Álvarez ha notificado al juez, por medio de otro escrito al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, que la asistente de la esposa del presidente «se encuentra actualmente de vacaciones fuera de España, teniendo prevista su vuelta para el próximo día 28 de septiembre de 2026, lo que hace imposible su asistencia al señalamiento, y más con esta premura».
El abogado incide en que Peinado ha notificado a las partes esta mañana, «con solo 24 horas de margen», y comunica que todos los viajes de su clienta fueron comprados hace más de un mes, por lo que solicita posponer la citación para después del 28 de septiembre.
La asistenta de Gómez transmite al juez que, una vez finalicen sus vacaciones, «tiene previsto acudir a varias citas médicas en Miami (Estados Unidos) para el tratamiento de una enfermedad para, a continuación, regresar a España y reincorporarse a su puesto de trabajo».
Además, el letrado de Álvarez reprocha «la indefensión que supone el señalamiento de un trámite tan esencial como la audiencia preliminar, que requiere un previo estudio y preparación, con tan poca antelación», viendo «vulnerado el derecho de defensa».
