Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado al juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, que paralice la causa hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos presentados contra la decisión de volver a dirigir la causa hacia un jurado popular si finalmente llega a juicio.
A través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Gómez pide al juez «acordar la suspensión del procedimiento ante el tribunal del jurado, con paralización de todos los plazos procesales actualmente en curso hasta tanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos».
«Si el procedimiento continuara pese a la pendencia de los recursos (...) llegaría en un momento en que el procedimiento habría avanzado de forma irreversible, generando una situación procesalmente insostenible», asevera el abogado de Gómez, Antonio Camacho.
Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, como así pretendía el magistrado instructor, al estimar un recurso de la defensa de Gómez contra esa decisión. En aquel momento, los magistrados argumentaron que no había «indicios racionales de criminalidad» que justificaran esa decisión.
Peinado dictó un mes después un auto en el que justificó que «se ha podido comprobar la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado».
«Resulta lógica y jurídicamente incoherente que el procedimiento avance —requiriendo a las partes acusadas la formulación de sus escritos de defensa y, en definitiva, encaminándose hacia la celebración del juicio oral— cuando están pendientes de resolución recursos interpuestos precisamente contra las resoluciones que acordaron el inicio y la continuación de dicho procedimiento», argumenta Camacho.
Asimismo, subraya que «falta el resultado de al menos cuatro informes que han sido pedidos a la UCO de la Guardia Civil» y la declaración de un testigo propuesta para esta semana, el empresario José María Torres, por lo que «aún no han finalizado las diligencias».
La defensa de Gómez indica que «permitir que el procedimiento avance» supondría «vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva», «comprometer el derecho a un proceso con todas las garantías», «generar un riesgo cierto de nulidad de actuaciones de imposible subsanación posterior» y «producir una situación de indefensión material».
Camacho cree que, «desde una perspectiva de economía procesal, resulta manifiestamente desaconsejable proseguir con la tramitación del procedimiento mientras subsiste la incertidumbre sobre la validez y subsistencia de las resoluciones que le dan sustento».
A su entender, «la estimación de cualquiera de los recursos pendientes obligaría a retrotraer las actuaciones a un momento anterior al que actualmente se encuentra el procedimiento, con el consiguiente dispendio de tiempo y medios judiciales que ello comportaría, así como el perjuicio que dicha situación ocasionaría a todas las partes personadas».
HAZTE OÍR PIDE 24 AÑOS DE CÁRCEL
En abril, el juez planteó juzgar a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional, así como a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
La acusación popular que lidera Hazte Oír en la causa solicita, en su escrito de acusación, la apertura de juicio y 24 años de cárcel para la esposa del jefe del Ejecutivo, así como prohibición de salida del país y retirada del pasaporte por «evidente riesgo de fuga».
También pide 22 años de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa y seis años de cárcel para el empresario Barrabés. La asociación lo hace en nombre de las diversas acusaciones populares de la causa, en la que también están personados Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa o Movimiento de Regeneración Política de España.
