Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está citada este miércoles, a las 18.00 horas, para entregar su pasaporte al juzgado de Plaza de Castilla, una decisión del juez Juan Carlos Peinado que la defensa de la investigada ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que se anule al entender que no hay ningún riesgo de fuga.
La defensa de Gómez también ha recurrido que anule la decisión del juez Juan Carlos Peinado de prohibirle salir de España y obligarla a firmas quincenales en sede judicial.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que su defensa ha interpuesto este martes un recurso de queja contra la decisión acordada por Peinado sobre ella y su asesora Cristina Álvarez en el auto en el que las envió a juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Así lo acordó el juez después de que en la audiencia preliminar celebrada la semana pasada en los juzgados de Plaza de Castilla las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír lo reclamaran.
Tras ello, el abogado de Gómez ha pedido al tribunal superior que revoque y deje sin efecto lo más rápido posible las medidas cautelares porque considera que son lesivas para el derecho fundamental a la libre circulación y no son proporcionales.
Después de que Peinado asegurara en el auto que los escoltas podrían ayudarla a huir, su defensa ha replicado que las medidas adoptadas sobre ella no tienen justificación y han hecho hincapié en el dispositivo de seguridad estatal como un factor que neutraliza cualquier riesgo de fuga, según han indicado las mismas fuentes.
También han resaltado que por su condición de esposa del presidente del Gobierno está de manera permanente e irrenunciable bajo un dispositivo de seguridad personal gestionado por la Policía Nacional en todos sus desplazamientos, dentro y fuera de España.
A ello han añadido que Gómez ha asistido a cada una de las actuaciones del proceso a las que era obligatoria su presencia y que tiene arraigo familiar y profesional en España.
En su auto, Peinado consideró que sí existe riesgo de fuga, asegurando que «no cabe duda» de que «esos agentes», en alusión a los escoltas que custodian a Gómez, «en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».
«Especialmente trascendente es que la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección o acompañamiento de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga», añadió el juez instructor.
Peinado apuntó igualmente a su asesora, expresando que «debe colegirse que dispone de una situación similar a ella, a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse».
A juicio de Gómez, esa alegación tiene que ser rechazada de plano porque entiende que es una mera especulación, además de una falta de respeto a instituciones como las fuerzas de seguridad porque pone en duda su profesionalidad, han abundado las fuentes.
El juez citó para este miércoles a Gómez y Álvarez para que hagan entrega de sus respectivos pasaportes en la sede del juzgado. La asesora ya ha entregado su credencial al instructor, según fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias.
Este lunes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó remitir al promotor de la acción disciplinaria, por posible falta grave de desconsideración, el auto de Peinado por esos comentarios.
