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La decisión «dista mucho de la responsabilidad» esperada por Canberra y deja las relaciones bilaterales en «un momento difícil»
El embajador israelí defiende los hallazgos de la investigación y descarta una disculpa ante posibles «consecuencias legales»
La ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, ha convocado al embajador de Israel en el país oceánico, Hillel Newman, después de que las autoridades israelíes descartaran la imposición de consecuencias penales por el asesinato de la trabajadora humanitaria australiana Zomi Frankcom en un bombardeo efectuado por el Ejército israelí contra un vehículo en Deir al Balá y que costó la vida a otros seis miembros de la ONG World Central Kitchen (WCK).
«Me he reunido con el embajador Hillel Newman, embajador de Israel en Australia, y le he dejado claro que la postura de Australia es que la decisión de Israel dista mucho de la responsabilidad que esperamos», ha manifestado Wong en una rueda de prensa posterior al encuentro de la que se ha hecho eco la cadena estatal ABC.
La ministra, que ha considerado «especialmente insultante y dolorosa» la exoneración de facto de los militares implicados, ha cuestionado por qué, si los primeros ataques fueron un «error catastrófico», se produjeron más ataques.
«Todavía no hemos recibido una explicación satisfactoria de por qué el ataque se produjo en una zona de control de fuego humanitaria, después de que el alto mando ordenara al comandante de la brigada no atacar el convoy», ha agregado, considerando insuficiente como rendición de cuentas la destitución de dos oficiales y la amonestación de otros tres tras la muerte de siete personas por sus acciones.
En este sentido, ha subrayado que «las democracias buscan y aceptan estándares más elevados» y que «el Gobierno australiano seguirá presionando a Israel para que se haga justicia para Zomi, su familia y sus compañeros».
Si bien Wong ha descartado expulsar al embajador israelí alegando que «impediría dialogar y defender los intereses de Australia», ha reconocido que las relaciones bilaterales se encuentran en un «momento difícil».
«Tenemos a una trabajadora humanitaria australiana que murió no en el primer ataque, sino en el contexto de tres ataques distintos contra un convoy humanitario», ha destacado la jefa de la diplomacia australiana.
Anotando que el Ejecutivo australiano consultará con la familia de Frankcom las próximas acciones, la ministra ha defendido que, «como mínimo, merecen una disculpa» por parte las autoridades israelíes.
Esta opción ha sido descartada por el embajador israelí, que si bien ha expresado sus condolencias a la familia, ha alegado que una disculpa tendría «consecuencias legales».
«Quisiera decirles, sin rodeos, que compartimos su dolor y lamentamos profundamente las circunstancias que provocaron esta muerte. Cualquier vida inocente es una tragedia», ha manifestado en declaraciones a los medios al término de su reunión con la ministra de Exteriores australiana, Hillel Newman.
En su intervención, recogida también por ABC, ha defendido la legitimidad de la decisión de las autoridades israelíes, argumentando que las conclusiones de una investigación que ha durado dos años no deben ser cuestionadas por «no ajustarse a la agenda política de nadie».
«Hay que entender que no en todos los casos de muerte o víctimas mortales existe responsabilidad penal», ha espetado.
Asimismo, el diplomático israelí ha afirmado que la decisión de atacar el convoy humanitario «fue un error en retrospectiva, pero las conclusiones del tribunal indican que no hubo intención criminal y, por lo tanto, no hubo responsabilidad penal».
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han admitido en su investigación que varios fallos graves llevaron a los soldados a creer erróneamente que un combatiente del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) viajaba con el convoy, pero han argumentado que WCK no informó al Ejército sobre la presencia de personal de seguridad armado en el convoy, y que este se desvió de la ruta acordada y coordinada con el cuerpo.
Bajo esa premisa, la investigación concluyó que las decisiones de los comandantes no generaban sospechas razonables de conducta delictiva.
