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La Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) ha exigido este miércoles que el asesinato de la mujer trans de 35 años y origen venezolano asesinada presuntamente por su pareja en San Pedro de Alcántara, en el municipio malagueño de Marbella, «sea reconocido y tratado institucionalmente como lo que es, el asesinato de una mujer a manos de su pareja y, por tanto, un crimen de violencia machista».
En este sentido, ATA ha criticado en un comunicado que «ha sido víctima de una cadena de violencias que no puede continuar después de su muerte».
Al respecto, la presidenta de ATA-Sylvia Rivera, Mar Cambrollé, ha señalado que «ha sido víctima de la violencia ejercida por su pareja, ha sido víctima de la negligencia de un Gobierno que tardó más de tres años desde la aprobación de la Ley Trans en habilitar el procedimiento que permitiera a las personas trans migrantes ejercer efectivamente su derecho a adecuar el sexo de su documentación y ahora no puede volver a ser víctima de unas instituciones que, precisamente, por haberle impedido realizar ese cambio, se nieguen a reconocerla como mujer y a tratar su asesinato como violencia machista».
Desde la Asociación han recordado que «la Ley 4/2023 reconoció en su artículo 50 el derecho de las personas trans extranjeras que no pudieran modificar sus documentos en sus países de origen a adecuar la mención relativa al sexo y el nombre en la documentación expedida en España, sin embargo, hubo que esperar hasta el pasado 13 de julio de 2026 para que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía establecieran el protocolo que permitiera hacer efectivo este derecho».
Para ATA resulta «especialmente grave» que «esa discordancia documental, consecuencia de años de inacción administrativa», pueda utilizarse ahora para negar, «una vez asesinada, su condición de mujer y el reconocimiento de la violencia machista sufrida».
Cambrollé ha incidido en que «era una mujer, vivía como una mujer y ha sido asesinada como una mujer, una igualdad real jamás se construirá sobre la exclusión o el olvido de ninguna mujer».
Asimismo, la presidenta de ATA ha criticado que «estamos ante una situación de violencia institucional». «El Estado no puede impedir durante tres años que una mujer trans migrante ejerza su derecho a tener una documentación acorde con su identidad y, cuando es asesinada por su pareja, utilizar precisamente la ausencia de ese reconocimiento documental para no tratarla como mujer. Primero fue víctima de la negligencia institucional, después de la violencia de su pareja y ahora no puede volver a ser víctima después de muerta».
Por ello, ATA-Sylvia Rivera se ha dirigido al Ministerio de Igualdad, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, al Ministerio de Justicia y a las autoridades judiciales competentes para exigir que «sea reconocida como la mujer que era y que su asesinato sea abordado como violencia machista, así como para reclamar criterios que garanticen que ninguna mujer trans migrante quede fuera de la protección frente a la violencia de género por una cuestión meramente registral».
