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Asaja-Huelva ha expresado este miércoles su «profunda inquietud y temor», así como su «rotundo descontento» ante las políticas forestales y de prevención de incendios desarrolladas «durante las últimas décadas» y propone una revisión «urgente» de la misma tras los incendios acaecidos en Huelva desde principios de verano de 2026, que han provocado «una catástrofe ambiental, económica y social sin precedentes recientes en la provincia».
La organización agraria ha indicado en una nota que, «hasta el momento, y sumando la superficie afectada por los distintos incendios acaecidos este verano, Huelva ha visto arder casi 50.000 hectáreas», lo que supone «cerca del 5% del total de la superficie de la provincia y más del 6,5% de su superficie forestal».
Recuerda que el incendio de Niebla fue estabilizado el 16 de agosto, después de diez días de lucha contra las llamas, así como que «las primeras estimaciones sitúan en más de 40.000 hectáreas la superficie recorrida dentro de un perímetro de aproximadamente 210 kilómetros», aunque subraya que la cifra definitiva de terreno efectivamente quemado —que según la Junta de Andalucía ha sido de 33.000 hectáreas— «deberá concretarse mediante mediciones técnicas, ya que dentro del perímetro han quedado pequeñas zonas sin arder».
Señala Asaja que, por su extensión, duración, violencia y comportamiento extremo, «nos encontramos ante el incendio más grave sufrido por Huelva, así como en la historia reciente de Andalucía», y ha afectado directa o indirectamente a los términos y núcleos de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo, La Palma del Condado y Escacena del Campo (Huelva), mientras que ha avanzado también hacia El Madroño y Aznalcóllar (Sevilla).
Asimismo, expone que las llamas han recorrido superficies de eucaliptal, dehesa, pinar, matorral, pastizales y terrenos agrícolas, «afectando a aprovechamientos forestales y ganaderos, explotaciones apícolas, recursos cinegéticos, cerramientos, caminos, conducciones de agua, instalaciones, maquinaria, arbolado y espacios de alimentación y refugio para el ganado y la fauna silvestre», por lo que «la magnitud económica de estos daños todavía debe evaluarse sobre el terreno».
Así las cosas, Asaja-Huelva ha informado de que realizará un estudio «pormenorizado» de los daños ocasionados y que el informe será trasladado a las administraciones para «exigir» la declaración «inmediata» de las zonas afectadas como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil «y, cuando corresponda, como desastre natural con incidencia en el potencial productivo las infraestructuras y compensaciones por la pérdida de pastos, arbolado, madera, corcho, colmenas y aprovechamientos cinegéticos».
Igualmente, señala que se solicitarán medidas fiscales, laborales y financieras «extraordinarias», actuaciones «urgentes» contra la erosión y para la restauración hidrológica y forestal y «simplificación administrativa para acometer trabajos de emergencia y recuperar cuanto antes la actividad económica».
«Es penoso tener que recurrir a ayudas públicas cuando el patrimonio natural, público o privado, desaparece por una legislación errónea, si bien hay que indicar que, dada esa situación legislativa, es coherente pensar que la responsabilidad económica sea trasladada a las administraciones», remarca Asaja.
De otro lado, Asaja apunta que eucalipto «no puede convertirse en el chivo expiatorio» y considera «particularmente desafortunadas e impropias del rigor que exige una catástrofe de esta magnitud las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien afirmó que alrededor del 40% del arbolado afectado era eucalipto, al que calificó como 'árbol gasolina', y anunció una reflexión sobre su presencia en los montes andaluces».
«Reducir la propagación de un incendio de comportamiento extremo a una especie forestal es una simplificación que desvía la atención de la cuestión esencial, que es la gestión del combustible existente en los montes y el estado del territorio. El eucalipto, como el pino, el matorral mediterráneo y cualquier otra vegetación seca sometida a temperaturas extremas y fuertes vientos, puede arder y contribuir a la propagación del fuego», señala Asaja.
A ello, añade la organización que «no es técnicamente riguroso atribuirle por sí solo la responsabilidad de un incendio» y afirma que «el riesgo depende también de la densidad y continuidad de la masa, la cantidad y humedad del combustible, el sotobosque, la orografía, el viento, las labores selvícolas y el nivel de mantenimiento».
Por ello, Asaja-Huelva «rechaza» que «se criminalice de manera indiscriminada a los propietarios y a un sector forestal que no sólo cuida y mantiene limpio el monte», sino que «además genera empleo, fija población y mantiene actividad económica en amplias zonas de la provincia». «Las fincas forestales productivas correctamente gestionadas realizan cortas, clareos, desbroces, mantenimiento de accesos y otras labores que reducen combustible y facilitan la entrada y el trabajo de los medios de extinción», sostiene.
La organización muestra además su «enorme preocupación» por «las denuncias formuladas antes y durante la campaña por los representantes de los trabajadores del Infoca» y señala que «en Huelva, los sindicatos denunciaron más de treinta contrataciones pendientes y retenes que estaban actuando con una media de cinco integrantes cuando deberían contar con siete».
A juicio de Asaja-Huelva, estas «advertencias» deben ser «aclaradas de inmediato», al tiempo que manifiesta que «la extraordinaria complejidad meteorológica del incendio no puede utilizarse para eludir el debate sobre la prevención, las plantillas, los medios materiales o la capacidad de respuesta inicial», toda vez que considera que «una posibilidad sería incrementar los medios aéreos de forma suficiente para no estar dependiendo de otros territorios».
Asaja-Huelva considera «muy conveniente» que, a través de una auditoría técnica independiente, se conozca el dispositivo disponible en la provincia, «el cumplimiento real de las dotaciones previstas, el estado de vehículos y equipos, la cobertura de puestos y torres de vigilancia y la adecuación de los protocolos de movilización y extinción».
Para Asaja-Huelva, este desastre «debe marcar un punto de inflexión» y critica que «durante demasiado tiempo se han impuesto políticas forestales ideologizadas, restrictivas y alejadas de la realidad del medio rural, construidas sobre la idea equivocada de que proteger la naturaleza consiste en reducir o eliminar la presencia y la actividad humana».
«Tratar de expandir una ideología ecologista por la que se culpabilice al ser humano de todo lo negativo que ocurre en la naturaleza es, sencillamente, un adoctrinamiento irracional que lleva a intentar convencer a la sociedad en general de que para conservar la naturaleza es preciso reducir el factor humano a su mínima expresión», aduce.
Por ello, exige una «revisión urgente, profunda y participada» de la política forestal andaluza, «con presencia efectiva de agricultores, ganaderos, propietarios forestales, técnicos, bomberos forestales y ayuntamientos» que «simplifique» los permisos para labores preventivas, recupere el pastoreo «como herramienta de control de combustible», favorezca los aprovechamientos forestales y la biomasa y «mantenga caminos y cortafuegos y garantice trabajos preventivos durante todo el año».
De otro lado, Asaja traslada su «reconocimiento, gratitud y apoyo incondicional» a todos los técnicos y profesionales que han trabajado para «proteger vidas, viviendas, explotaciones y patrimonio natural» y subraya que «nada» de lo que plantea «puede interpretarse como una crítica a estos profesionales».
