Artículo completo
La Sección Primera de la Audiencia de Granada celebra desde este martes el juicio de la última pieza separada del llamado 'caso Marchelo', que afronta su desenlace tras casi 20 años de instrucción y varios intentos infructuosos de acuerdo.
Esta pieza gira en torno a presuntas irregularidades en la tramitación y construcción de una gasolinera en la avenida de Andalucía de Alhendín (Granada) y sentará en el banquillo de los acusados al que fuera concejal de Urbanismo en el momento de los hechos; Manuel F.M.; otros dos concejales que formaban parte de la comisión de gobierno, un arquitecto municipal y los dos empresarios a los que se concedió la licencia para la gasolinera.
La Fiscalía les acusa de delitos de tráfico de influencias, prevaricación urbanística y prevaricación administrativa por unos hechos que se remontan a 2002, cuando el entonces alcalde, José Guerrero (PP), presuntamente negoció la venta de una finca de su propiedad para la construcción y explotación en ella de una estación de servicio.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía señala que esta actividad era «contraria a las normas subsidiarias vigentes», dado que el terreno estaba en la categoría de 'suelo urbano, agrupación intensiva de vivienda unifamiliar".
Sin embargo, presuntamente «conocedores de dicha contradicción» con la normativa urbanística, el alcalde aceptó «a instancias del empresario», condicionar la perfección del contrato a la aprobación de los permisos y licencias municipales necesarias para permitir la gasolinera.
Ello, según incide la Fiscalía, «a sabiendas de que la actuación comprometida vulnera la legalidad vigente» y contando para ello con la «connivencia» del entonces concejal de Urbanismo y los otros dos ediles acusados, que «conscientemente» —agrega— votaron a favor de las licencias y proyectos presentados por el empresario. Esto, «a pesar de conocer la vulneración de las normas urbanísticas vigentes y con el concurso del técnico municipal».
A este último le acusa de «informar favorablemente» a «instancias del alcalde» las licencias y proyectos para este expediente urbanístico «a pesar de ser consciente del quebranto de la norma». Toda la operación incluyó presuntamente «un cambio fraudulento en la clasificación del suelo» para que se pudiera construir y explotar comercialmente la gasolinera, según indica la Fiscalía.
Por este asunto, solicita 18 meses de prisión para los tres exconcejales implicados y para el técnico municipal; y 21 meses de prisión para el empresario presuntamente implicado. La causa ha sido archivada provisionalmente para el exalcalde por motivos de salud.
La acusación particular está ejercida por el empresario presuntamente perjudicado, que reclama para los tres exconcejales y para el técnico municipal una pena de 22 meses de prisión y nueve de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Para los dos empresarios acusados reclama dos años de prisión y nueve de inhabilitación.
Junto a ello, el empresario —representado por el letrado José Manuel Urquiza— reclama que los acusados le indemnicen por los presuntos daños y perjuicios ocasionados por la construcción presuntamente ilícita de esta gasolinera, después de que a él se la denegaran previamente por tratarse de un terreno residencial.
Solicita también la anulación de las licencias vinculadas a la gasolinera y su demolición; así como indemnizaciones por lucro cesante —en compensación por las ganancias que pudo dejar de percibir— y que sean cuantificadas en la ejecución de sentencia.
A diferencia de las otras dos piezas que integraban esta macrocausa (urbanización Novosur y polígono Marchalhendín) en las que un acuerdo entre Fiscalía, defensas y acusaciones evitó la celebración del juicio, en esta no ha sido posible. El motivo radica en las diferencias sobre la responsabilidad civil y la indemnización que reclama el empresario perjudicado. El juicio está previsto hasta el jueves.
