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El juez de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha ordenado el archivo provisional de la investigación en torno a la causa relativa a los ocho pozos supuestamente no autorizados de la finca Aljóbar, en el término municipal de Aznalcázar y gestionada por la sociedad Eurotecnia Agraria.
Cabe mencionar que en la causa constaba en calidad de investigado el representante legal de esta entidad, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg.
Según consta en el auto, fechado este pasado 10 de septiembre y consultado por Europa Press, el magistrado considera que con los informes técnicos recabados «no puede concluirse, ni de manera indiciaria, que las extracciones realizadas en esta finca, en el periodo de tiempo que sea y en las cantidades que se hayan podido realizar, pues se ignora que con esos pozos se ha extraído más agua de la autorizada administrativo, hayan supuesto o podido suponer un peligro para el acuífero o su hábitat».
Es más, detalla que la causa se articula en torno a la extracción de aguas subterráneas, de uso para regadío de olivos y naranjos, «sin que pueda considerarse que haya podido causar un riesgo grave para el medio ambiente».
Tal y como consta en el escrito, avanzado por el Diario de Sevilla, es preciso para establecer que esta conducta ha incurrido en un ilícito penal acreditar que este procedimiento haya causado «daños sustanciales o perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales», un riesgo que «no puede presumirse» en el presente caso.
En su razonamiento, expresa que no puede darse por acreditado «siquiera indiciariamente que las extracciones no autorizadas hayan ocasionado un descenso sustancial o relevante en los niveles piezométricos de la masa de agua idóneo para provocar una afección en su estado de conservación, hábitat o entorno natural».
