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Alumnado de la Sierra de Segura (Jaén) no acudirá al instituto «hasta que se dé una solución» a la falta de transporte escolar por parte de la Junta de Andalucía. Una ausencia de servicio que se repite en otras zonas de la provincia y que esta generando «incertidumbre y desamparo para numerosas familias».
La situación es fruto de la no concurrencia a varias licitaciones por parte de empresas —que denuncian condiciones que abocan a trabajar a pérdidas—, lo que ha dado lugar a 56 rutas desiertas con deberían antender a más de 1.600 estudiantes. De ellos, a unos 220 escolares en 15 colegios de Infantil y Primaria y los casi 1.400 estudiantes restantes en 26 institutos de Educación Secundaria (IES).
Ante este escenario, se ha constituido de urgencia la Plataforma de Familias Afectadas por la Ausencia de Transporte Escolar en la Sierra de Segura, «con el objetivo de coordinar las acciones de protesta y exigir a la administración una solución inmediata que garantice el derecho del alumnado a acudir a sus centros».
Una solución que, a su juicio, no puede ser la alternativa planteada por la Junta de becas individuales extraordinarias, ante la que expresa un «rechazo absoluto» al considerar que «no responde al problema real ni garantiza el derecho a la educación en igualdad de condiciones», según ha informado este miércoles en una nota el colectivo.
Tras señalar que «no se trata de una cuestión económica», ha destacado que «la sustitución de un servicio público colectivo por ayudas individuales supone un nuevo paso hacia el deterioro de los servicios públicos en las zonas rurales y de montaña, trasladando a las familias una responsabilidad que corresponde a la administración».
«Además, la suma de todas estas subvenciones individuales supondría un importante desembolso de dinero público que no resolvería las dificultades logísticas que esta situación provoca diariamente, especialmente en una comarca con municipios dispersos y grandes distancias hasta los centros educativos», ha añadido.
Por ello, ha exigido la restitución inmediata del servicio colectivo de transporte escolar, de modo que «ningún alumno o alumna vea condicionado su derecho a la educación por el lugar en el que vive».
«Ante la falta de respuestas y la indignación existente en los pueblos afectados, las familias informan de que el alumnado no acudirá al instituto desde hoy como medida de protesta indefinida hasta que se dé una solución a esta situación», ha afirmado.
Asimismo, la plataforma ha anunciado próximas movilizaciones y protestas ante la Delegación Territorial Educación en Jaén si la administración no atiende sus reivindicaciones y no restablece las rutas eliminadas.
Desde Ustea Enseñanza se ha trasladado el apoyo a las familias afectadas y a sus reivindicaciones. Ha defendido que «el transporte escolar constituye un servicio público esencial para garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado y la defensa de la escuela pública rural» y no se puede sustituir por becas individuales.
También sobre esta situación se ha pronunciado La Federación Independiente del Transporte de Andalucía (Fedintra), reclamando una «solución urgente» que garantice el transporte escolar en la provincia de Jaén, para lo que defiende precios que cubran los costes reales del servicio. Además, avisa de que «no es un caso aislado» y «el problema se extiende» por la comunidad.
En un comunicado, la citada entidad ha mostrado su apoyo a Unibús Jaén y ha hecho hincapié en que el problema no responde a una falta de voluntad de las empresas de transporte para prestar el servicio, sino a «una falta de adecuación entre los precios establecidos en las licitaciones y los costes reales que soportan actualmente los operadores».
«Unibús Jaén lleva varios meses manteniendo conversaciones con la administración con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita garantizar la continuidad del transporte escolar, pero hasta el momento no se ha producido una solución que permita desbloquear la situación», ha explicado.
Al respecto, ha añadido que trabajará con las empresas afectadas para encontrar una salida y ha anunciado su intención de tender puentes con la Consejería de Educación, la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) «para abordar esta problemática desde el diálogo y la colaboración institucional».
«No se trata únicamente de una cuestión empresarial, sino de garantizar un servicio esencial para las familias que viven en zonas rurales y de sierra, donde las distancias y la falta de alternativas de transporte hacen especialmente necesario este servicio. Además la situación puede verse agravada en las próximas semanas cuando finalizan muchas de las prórrogas obligatorias que han tenido que firmar las empresas de transporte», ha subrayado.
Fedintra ha asegurado, igualmente, que «la situación de Jaén no constituye un caso aislado» y las dificultades para que las empresas concurran a determinadas licitaciones del transporte escolar «se están reproduciendo en diferentes puntos de Andalucía, entre ellos las provincias de Sevilla, Almería y Granada».
En su opinión, esta situación debe servir como señal de alerta para revisar el modelo de contratación y evitar que la falta de actualización de los precios termine poniendo en riesgo la prestación de un servicio esencial.
El presidente de Fedintra, Antonio Vázquez, ha recordado que ya trasladaron esta problemática a la Consejería de Educación y a la APAE en una reunión mantenida hace unos meses junto a la Confederación de Empresarios de Andalucía, advirtiendo de las dificultades que estaba atravesando el sector. «Si no se busca mejorar el precio de las licitaciones del transporte escolar, difícilmente los operadores acudirán a licitar estos concursos», ha apostillado.
En este sentido, ha indicado que los costes de explotación han experimentado importantes incrementos en los últimos años, especialmente en conceptos como el combustible, los vehículos, los seguros, el mantenimiento, los neumáticos, los salarios y otros gastos vinculados directamente a la prestación del servicio.
«Los contratos públicos deben incorporar elementos correctores que permitan afrontar situaciones sobrevenidas, como la subida del combustible y de otros costes que dependen, incluso, de circunstancias económicas y geopolíticas mundiales», ha dicho Vázquez.
Al hilo, ha manifestado que «hoy en día no es posible comprometerse a mantener unos precios durante un periodo de cuatro, cinco o incluso seis años sin que los contratos contemplen mecanismos de actualización que permitan adaptar el precio a la evolución real de los costes».
«Si no hay más rutas escolares en Andalucía desiertas hoy, es por la maraña burocrática que imponen los contratos públicos, obligando a cumplir prórrogas sobre prórrogas que llevan al operador a trabajar en pérdidas y esto se debe corregir en las licitaciones futuras», ha detallado.
