El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha criticado este jueves la decisión del Gobierno central de que las personas saharauis hayan quedado excluidas de la regularización extraordinaria de migrantes.
"Dejar fuera a las personas saharuis de poder obtener el derecho de trabajar legalmente es un ataque a los derechos humanos y es olvidar la deuda que tiene el Estado español con el pueblo saharaui", ha afirmado García preguntado por los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz) acerca de la nueva medida del ejecutivo.
En esta línea, el candidato de Adelante ha puesto en valor la vinculación de nuestro país con el Sahara y asegurado que el actual Gobierno "está lamiendo las botas" al Reino de Marruecos. Asimismo, ha puesto en cuestión la posición de Sumar en el ejecutivo al respecto.
"Si Sumar no es capaz de poner encima de la mesa y decir que a los saharauis no se les deje tirado ¿Para qué está en el gobierno?", ha apostillado.
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, ha apuntado este miércoles que "muchos" ciudadanos saharauis "con arraigo o con demanda de asilo" podrán acogerse a la regularización masiva de inmigrantes que impulsa el Gobierno de España.
El candidato ha puntualizado que hay que diferenciar el proceso de regulación puesto en marcha por el Ejecutivo, que "acaba el 30 de junio" próximo, con lo que tiene que ver con "ser apátrida, que es un concepto diferente".
Los apátridas, en su mayoría saharauis, han quedado excluidos del proceso extraordinario de regularización, a petición del Consejo de Estado que específicamente ha pedido no mezclar a este colectivo con los solicitantes de protección internacional porque tienen regímenes distintos, según señalan a Europa Press fuentes jurídicas.
El Gobierno ha argumentado su exclusión afirmando que no son personas en situación irregular y para evitar solapamientos. Sin embargo, estas fuentes argumentan que tampoco están en situación irregular los solicitantes de protección internacional, que sí optan al proceso y que también tienen un procedimiento diferente que pondrán compatibilizar con la solicitud de la regularización.
Igualmente, apuntan que el Gobierno podía haber optado por incluir en el Real Decreto que regula la regularización una nueva disposición para incluir específicamente a los apátridas, en lugar de optar por sacarlos directamente del proceso.
