La diputada autonómica de Adelante Andalucía por Sevilla, Begoña Iza, ha denunciado este viernes los "incumplimientos y violaciones de los derechos laborales" de las más de 650 trabajadoras de la plantilla de atención domiciliaria que trabajan en Dos Hermanas (Sevilla).
La gestión la desempeña la empresa Macrosad, que se adjudicó el servicio por el procedimiento de emergencia en septiembre de 2023 después de la renuncia previa de Asisttel tras requerirle el Consistorio el pago de nóminas adeudadas. Desde entonces Macrosad gestiona este servicio. El 4 de noviembre el sindicato CGT convocó una huelga.
Adelante ha señalado esa vulneración laboral de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio junto a las representantes del sindicato CGT, quienes protestan para negociar con el Consistorio la protección de sus derechos y al que recriminan su negativa a aceptar la negociación entre las partes, según una nota de este partido.
Entre las denuncias de las trabajadoras de este servicio de ayuda a domicilio apuntan "la falta de un protocolo cuando hay alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas; el incumplimiento de acuerdo con el comité, así como de las evaluaciones de riesgo; los excesos de jornada de 2025 que no han sido todavía abonados ni compensados; el incumplimiento del pliego de condiciones que establece un tiempo límite para los desplazamientos; así como otras omisiones que vulneran gravemente sus derechos laborales".
Adelante ha señalado en este asunto la responsabilidad institucional del propio Ayuntamiento de Dos Hermanas, que gobierna el PSOE, como a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, en manos del Partido Popular, y a la propia empresa, Macrosad, por sus "incumplimientos de las normativas que regulan el servicio" y por ello la "violación de los derechos laborales".
Begoña Iza ha exigido que "el servicio sea reabsorbido por el Ayuntamiento de Dos Hermanas y que se haga cargo de sus competencias, ya que, por desgracia, se ha comprobado en numerosas ocasiones que las privatizaciones sólo suponen un despilfarro de dinero público, una degradación de los servicios y una violación de los derechos tanto de la ciudadanía como de las trabajadoras".
La parlamentaria autonómica andalucista ha afirmado que volverán a llevar el conflicto ante la Consejería porque "no se trata tan sólo de una conflicto laboral, sino la vulneración de los derechos de la ciudadanía".
Ha reivindicado que estos problemas los ha planteado para su debate en el Parlamento andaluz, para lamentar entonces que "al igual que el Ayuntamiento, se lava las manos y alega no tener competencias sobre ello", antes de indicar que "volverán a presentarlo ante el Parlamento y a exigir responsabilidades".
La portavoz local de Adelante Andalucía, Inmi Vargas, ha señalado que las trabajadoras continuarán ejerciendo presión y exigiendo el cumplimiento de los derechos laborales de las de la plantilla de atención domiciliaria.
Ha recalcado "la vulnerabilidad tanto de las personas usuarias del servicio como de las trabajadoras", por lo que ha señalado que "para que este servicio se lleve a cabo correctamente y que nuestras personas mayores puedan ser bien cuidadas, las instituciones tienen que cuidar a las cuidadoras".
