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La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por presuntos delitos de desórdenes públicos y prevaricación por omisión, por su actuación ante la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma y ha pedido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sean citados a declarar como testigos.
Según ha trasladado Abogados Cristianos en un comunicado, Triano ha sido acusado por la propia organización de presuntos delitos de desórdenes públicos y prevaricación por omisión en el marco de su gestión los días 30 y 31 en el «asalto» de la frontera ceutí, cuando entraron unos 80.000 inmigrantes en la ciudad autónoma.
La citación de Sánchez y Marlaska a declarar tendría el objetivo de esclarecer qué conocimiento tenía el Ejecutivo de las advertencias previas y qué decisiones se adoptaron ante la situación en la frontera. También ha reclamado la declaración del exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, quien ha asegurado que sí trasladó a Triano la información crítica de la frontera que le había expuesto el contacto del CNI.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha defendido la necesidad de que la investigación llegue «hasta el final», y ha recalcado que no puede quedarse únicamente «en el últimno eslabón».
«No queremos que la investigación se quede en el último eslabón. Si hubo advertencias previas, hay que saber hasta dónde llegaron y qué hizo el Gobierno con ellas. Por eso pedimos que Sánchez y Marlaska declaren ante la Audiencia Nacional», ha afirmado.
Castellanos ha añadido que después de todo lo que se ha conocido sobre las advertencias previas, «es imprescindible llegar hasta el final» y ha reclamado transparencia por parte del Ejecutivo: «Los españoles tienen derecho a saber qué información recibió el Gobierno y qué hizo con ella».
La querella sostiene que el 29 de julio el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) trasladó a la Delegación del Gobierno información sobre una convocatoria masiva difundida en redes sociales, que tenían 180.000 seguidores, para intentar acceder de forma irregular a Ceuta por el espigón del Tarajal y por vía marítima. Abogados Cristianos considera que, pese a disponer de esa información, no se adoptaron las medidas preventivas y de refuerzo necesarias.
Para dilucidar lo ocurrido, la Fundación solicita que el CNI certifique las alertas y notas informativas remitidas a la Delegación los días 28 y 29 de julio, así como los registros de llamadas, correos electrónicos y servicios de mensajería, las actas de las reuniones de coordinación policial y las solicitudes de refuerzos realizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil antes del 30 de julio.
La acción judicial pide además investigar la falta de actuación ante los asentamientos situados en las inmediaciones de infraestructuras esenciales para el abastecimiento de agua de Ceuta, entre ellas la planta desaladora y la estación de tratamiento de aguas.
La Fundación sostiene que la ausencia de medidas de desalojo o refuerzo de la seguridad «pudo generar un riesgo para instalaciones críticas de la ciudad».
