En Andalucía, la sanidad pública no se está deteriorando por inercia o por falta de recursos, como a veces se pretende hacer creer desde los discursos oficiales. Lo que está ocurriendo es más grave y más premeditado: estamos asistiendo a un proceso estructurado de desmantelamiento del sistema sanitario público, pilotado por el gobierno del Partido Popular con Juan Manuel Moreno Bonilla a la cabeza, pero que no nace con él. El modelo tiene raíces profundas en la gestión del Partido Socialista Obrero Español, cuando María Jesús Montero —hoy ministra de Hacienda— era consejera de Salud en la Junta.
Lo que hay en Andalucía es una continuidad de políticas que han priorizado el desarrollo del sector sanitario privado a costa del deterioro del sistema público. La excusa recurrente es la falta de médicos o enfermeras, pero los datos dicen otra cosa: el presupuesto andaluz en sanidad ha aumentado. El problema no es cuánto se invierte, sino dónde y cómo se invierte. Y aquí está la clave: el aumento presupuestario está sirviendo, sobre todo, para fortalecer el negocio de la sanidad privada.
Mientras tanto, los profesionales sanitarios de la pública trabajan con medios insuficientes, en condiciones cada vez más precarias, y muchos de ellos ven cómo sus propias funciones se vacían de contenido. La Atención Primaria, que debería ser el pilar de un sistema preventivo, está prácticamente desmantelada en muchas zonas de Andalucía. Los centros de salud sufren una escasez crónica de personal, agendas saturadas y demoras escandalosas en las citas. Es exactamente lo que se necesita para que la población pierda la confianza en el sistema público y busque soluciones en el sector privado, bien por desesperación, bien empujada por pólizas de seguros que crecen exponencialmente.
El modelo que se impone en Andalucía es, por tanto, un modelo curativo y hospitalocéntrico, donde se relega la prevención, se cronifican las enfermedades y se fortalece la derivación a centros privados. No es una casualidad. Es una estrategia. Porque un paciente que va a una consulta preventiva en su centro de salud cuesta menos, exige menos medios diagnósticos y es menos rentable para el negocio sanitario. En cambio, un paciente que termina en urgencias o en un hospital privado derivado desde la pública es un cliente más en un circuito cada vez más mercantilizado.
La cuestión que resulta incomprensible, o más bien profundamente alarmante, es la falta de respuesta colectiva del propio sector sanitario, especialmente en lo que respecta a un sector de los médicos y las médicas. Mientras las enfermeras y los enfermeros han comenzado tímidamente a alzar la voz, los médicos del sistema público andaluz permanecen mayoritariamente en silencio, como si lo que está ocurriendo no fuera con ellos. ¿Cómo es posible que ante un colapso asistencial como el que estamos viviendo, los facultativos no lideren una movilización en defensa de la sanidad pública?
Quizás la respuesta esté, en parte, en los conflictos de interés que atraviesan el sistema. Una parte significativa del cuerpo médico andaluz compatibiliza su labor en la sanidad pública con su trabajo en el sector privado. Algunos ocupan cargos de responsabilidad o dirección en hospitales públicos, mientras atienden consultas o intervienen quirúrgicamente en clínicas privadas. Para muchos, el deterioro del sistema público no solo no representa un problema: es una oportunidad de negocio.
Este modelo dual crea una estructura donde los incentivos están invertidos. No interesa una Atención Primaria fuerte, preventiva, cercana y resolutiva. Interesa una sanidad que no resuelva en origen, que derive, que sature, que expulse pacientes hacia la privada. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo, sin que desde las cúpulas profesionales se levante la voz. La pasividad de muchos médicos ante esta realidad resulta escandalosa y contribuye al avance de un modelo que degrada su propia vocación y destruye las bases de un sistema equitativo.
Mientras tanto, el gobierno de Moreno Bonilla continúa su hoja de ruta sin apenas oposición real. La reciente noticia del posible cierre de hospitales en verano por falta de personal no es un episodio puntual: es la consecuencia directa de una estrategia que busca colapsar la sanidad pública para justificar su externalización.
Lo que está en juego no es solo la eficiencia de un sistema o el uso racional del presupuesto: lo que está en juego es el derecho universal a la salud, sin importar la cuenta bancaria del paciente. Y en Andalucía, ese derecho está siendo sustituido por un producto comercial con condiciones, pólizas y copagos.
Frente a esto, callar no es neutral. La ciudadanía andaluza, y muy especialmente sus profesionales sanitarios, deben preguntarse si están dispuestos a seguir siendo parte de un modelo que los despoja de su dignidad profesional y desmantela uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar.
