La Iglesia, incapaz de presentar documento alguno, ni siquiera una simple hoja firmada para justificar el regalo de algún edificio, religioso o civil, teóricamente donado por algún miembro de la nobleza, ha lanzado a la lucha a sus incondicionales o posiblemente los propios purpurados con seudónimo, se hayan lanzado a defender la posesión de iglesias, mezquitas, sinagogas, catedrales, y todo tipo de bienes de uso religioso y civil, como edificios de alquiler, cortijos, incluso varias calles y plazas en distintas localidades. Ante la falta de pruebas que demuestren la posesión de esos edificios y lugares, retuercen las leyes, al menos lo intentan, justificándose en una reforma de la Ley hipotecaria llevada a cabo por el expresidente Aznar; una reforma de una ley obligada por el Dictador, por tanto, ilegítima, además de anterior a la Constitución, y todavía sin reformar para ajustarla a la Ley Máxima. Extraño caso cuando todas las leyes deben someterse a ella.
Nada más cómodo y socorrido que adjudicar la oposición a las inmatriculaciones a «partidos de izquierda», ignorantes voluntarios que los partidos de izquierda tienen mucho trabajo y que las asociaciones dedicadas a la lucha contra esa apropiación reúnen a personas de todas las opciones políticas y de todos los credos religiosos. Y que los miles de firmas ya recogidas en contra de las inmatriculaciones y del cierre de templos y otros lugares no de culto, como el Patio de los Naranjos, están llenos de nombres y documentos identificativos de personas de todas las clases y creencias, del Estado español y del extranjero. Porque el español es el único Estado dónde la Iglesia Católica todavía conserva privilegios propios de la Edad Media, y se está apropiando esos bienes, que siempre fueron del Común, como lo son en Europa, aunque se cedieran generosamente donados para el culto, y otros cedidos para su administración, pero nunca para hacer negocio y recibir beneficio.
Porque contra lo que digan y puedan decir en adelante, esos bienes, por los que no pagan IBI ni ningún otro impuesto, están siendo utilizados para recaudar fondos, pese a lo cual, la Iglesia católica, en efecto, recibe una generosa aportación del Estado, detraída a los impuestos abonados por practicantes y no practicantes del rito. Y además de todo ello, la inmensa mayoría de los gastos de mantenimiento y los de reparación y restauración, están siendo sufragados, en todo o en su mayor parte por las administraciones, desde los ayuntamientos, pasando por diputaciones, cabildos y gobiernos autonómicos, hasta el gobierno central. Decir lo contrario es mentir, cosa que, debemos recordar a quienes lo dicen, es pecado, y los pecados cierran las puertas del Paraíso a quienes los cometen. Parece que una serie de preceptos religiosos no son tenidos en cuenta por la jerarquía eclesiástica y sus denodados defensores.
Algunas claras y terminantes muestras pueden ser la Mezquita, obtenida por derecho de conquista, un «derecho» bastante torcido y, por tanto, como mínimo discutible, o que la Catedral de Sevilla está construida sobre el derribo de la Mezquita existente en su lugar con anterioridad, pero lo que el Cabildo y el Arzobispado consideran «sus anexos», siguen siendo los mismos del siglo XII y que el Patio de los Naranjos, desde su construcción ha sido de uso público hasta ser cerrado por el Cabildo para facilitar la venta y el control de entradas y para el negocio puro y simple que ya ha costado disminuir el espacio de la Biblioteca Colombina, sin respeto alguno al legado documental de Hernando Colón y ni siquiera cumple con el día semanal en que las visitas deben ser gratis a todos los Monumentos del Estado.
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La autodefensa sin posible defensa ejercida por la Iglesia por medio de seudónimos interpuestos, cae por su propio peso. Porque el principio fundamental del Derecho es que las leyes sean igual para todo el mundo. Por tanto, si a cualquiera se le exige un documento de compra emitido ante notario, no debe ser legal permitir que la Iglesia registre propiedades sin más documento que la firma del Obispo o Arzobispo. Ni pueden ser válidas leyes impuestas durante una dictadura, por tanto inconstitucionales, menos aún hacer reformas sobre leyes ya superadas.
Por mayor que todavía pueda ser el poder de la Iglesia, lejos de acrecentárselo, el Gobierno, en aras de la legitimidad y la legalidad, tiene el deber de defender la laicidad del Estado y en consecuencia, debe ser el primero en rechazar todas las inmatriculaciones.
