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Quiero creerlo, decía yo hace un mes. Y aquí estoy, treinta días después, con la prueba de que tenía motivos de sobra para no fiarme del todo.
Porque mientras escribía aquella columna sobre la Consejería de IA, sobre Sevilla TechPark y el hub de Málaga, sobre esos 40 millones repartidos en proyectos con nombres bonitos y cronogramas ajustadísimos, ya intuía que faltaba una pieza del puzzle. No la nombré porque no tenía los datos delante, pero la sospecha estaba ahí, agazapada: nadie hablaba de qué pasa con todo lo que se digitaliza tan deprisa. Nadie mencionaba quién lo protege.
Un mes después, ya lo sé. Y los números confirman justo lo que mi escepticismo de guardia llevaba tiempo temiendo.
9.286 ciberataques en el primer semestre. Un 34% más que el año anterior. Un hospital en Lucena secuestrado por ransomware. Los datos de miles de agricultores de la PAC expuestos por una brecha en una empresa subcontratada. Cincuenta denuncias en Huelva por un fraude que ni siquiera necesita que la víctima haga clic. No es que la Andalucía digital haya fallado en su promesa de modernizarse —de hecho, ahí está cumpliendo, y bastante rápido—. Es que se ha olvidado de blindar lo que construye al mismo ritmo al que lo construye.
Y esto es exactamente el patrón que llevo años viendo, solo que aplicado a un terreno nuevo. Antes eran los parques tecnológicos que se quedaban vacíos, los "hub del sur" que terminaban siendo oficinas con poca vida. Ahora el fallo no es de ambición —hay ambición de sobra, y hasta cierta valentía institucional— sino de secuencia: se anuncia primero, se ejecuta después, y la seguridad, como casi siempre, llega la última, cuando ya ha habido daño que lamentar.
Fíjense en la ironía, porque es de manual: la misma Junta que en agosto presumía de su primera Consejería de Inteligencia Artificial del país anuncia ahora, apenas unas semanas después, una nueva Estrategia de Ciberseguridad para 2027-2030 que promete plantar cara precisamente a los ataques potenciados por... inteligencia artificial. Es decir, llegamos tarde a proteger lo que llegamos pronto a construir. Ese desfase, ese ir siempre un paso por detrás de las consecuencias de la propia modernización, es la historia de la digitalización andaluza resumida en una frase.
Y aquí quiero detenerme un momento, porque hay algo que me inquieta más que las cifras: el desequilibrio entre quién recibe el beneficio y quién asume el riesgo. El agricultor que instala sensores en su olivar no lo hace por capricho tecnológico, lo hace porque las ayudas y la competitividad se lo exigen cada vez más. Pero cuando esos datos acaban filtrados por una brecha en una empresa subcontratada, el perjuicio recae sobre él, no sobre quien diseñó el sistema ni sobre quien lo vendió como avance imparable. Pasa lo mismo con el paciente de Lucena, que no eligió que su hospital se digitalizara con prisa: simplemente confió en que, si lo hacían, sabrían protegerlo. Esa confianza es la que se está erosionando silenciosamente detrás de cada titular optimista sobre inversión digital.
Tampoco ayuda que la respuesta institucional, cuando llega, suene tan bien calibrada para tranquilizar como para informar poco. "En ningún caso afecta a los pagos", nos dicen sobre la PAC. "Medidas de monitorización estrictas", añaden. Frases que están diseñadas para cerrar el tema, no para abrirlo. Y quien lleva tiempo siguiendo estas historias sabe que ese tipo de comunicado —correcto, cauteloso, insuficiente— suele ser el primer capítulo, no el último, de casos que después crecen.
Compárenlo, si quieren, con lo que ocurre en otras comunidades o países que llevan más años lidiando con esta tensión entre digitalización y seguridad: allí donde la ciberseguridad se trata como infraestructura crítica desde el minuto uno —con presupuesto propio, no como partida residual dentro de otro plan más vistoso— los incidentes no desaparecen, pero se contienen antes de convertirse en fuga masiva. Ahí está, para mí, la diferencia entre gestionar el riesgo y simplemente reaccionar a él cuando ya ha estallado.
No me malinterpreten. Sigo pensando que el campo andaluz necesita sensores y drones, que los hospitales deben digitalizar sus historiales, que la administración tiene que dejar de hacernos esperar meses por un papel. Nada de eso lo pongo en duda. Lo que pongo en duda —y esto tampoco es nuevo en mí, llevo diciéndolo columna tras columna— es que sepamos hacerlo con la misma prisa con la que lo anunciamos y la misma prudencia con la que deberíamos ejecutarlo. Se nota que se corre para inaugurar. No se nota tanto que se corra para proteger.
Así que, si el mes pasado terminaba diciendo que prefería reservarme el juicio hasta ver resultados, hoy amplío la reserva: los resultados están llegando, sí, pero también están llegando las consecuencias de haberlos perseguido sin mirar bien hacia los lados. Andalucía tiene su locomotora digital en marcha, no lo niego. Lo que todavía no tiene, o no lo bastante, son los frenos.
Y en esto, como en todo lo demás, seguiré con el mismo freno de mano puesto. No porque desconfíe del proyecto —confío en que Andalucía puede hacerlo bien—, sino porque ya he visto suficientes veces la distancia que separa un anuncio de un resultado. Esta vez, además, esa distancia tiene un nombre muy concreto: 9.286 incidentes en seis meses.
Sigamos atentos. La sombra, decía yo, crece más rápido que las luces. Un mes después, tengo más motivos que nunca para no retirar esa frase.
