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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha emplazado al Tribunal Supremo a obligar a California a no contabilizar aproximadamente 20.000 votos por correo en California, correspondientes a personas que la Administración considera «probables no ciudadanos», de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.
Este recurso de la Presidencia pone a prueba la mayoría conservadora 6-3 del Supremo y además con unos plazos extremadamente exiguos, ya que las elecciones son el martes. De hecho, decenas de millones de personas han emitido ya su voto por correo.
La petición de Trump es contra la decisión del 9º Circuito de Apelaciones que el viernes vetó cualquier intervención federal en el recuento de votos de California por intrusión de competencias y confirmó la decisión del pasado 29 de octubre del juez federal David O. Carter.
Carter denegó la orden de restricción temporal solicitada por el Gobierno porque la medida causaría estragos e interrumpiría unos comicios que ya están en marcha. «Si el Ejecutivo puede descartar votos y amenazar unas elecciones en curso debido a acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro», concluyó Carter, quien fue designado por el expresidente demócrata Bill Clinton.
El fallo recalca la injerencia sin precedentes de Washington en las competencias estatales para administrar las elecciones. «Nunca antes en la historia de Estados Unidos el Gobierno federal, en la víspera de unas elecciones, había tratado de coaccionar a un Gobierno estatal y local para que abandonara sus propios procedimientos electorales constitucionales y se doblegara a la voluntad de la Rama Ejecutiva», subraya la resolución judicial.
El texto añade que, al presentar esta demanda, «el Ejecutivo pretendería que este tribunal crea que reina como soberano único. Pero California y su pueblo también son soberanos».
El caso se originó cuando el Departamento de Justicia entregó a las autoridades del condado de Los Ángeles y a la secretaría de Estado de California una unidad de almacenamiento con los datos de más de 20.000 presuntos no ciudadanos, exigiendo la segregación de sus papeletas en un plazo de 48 horas tras cotejar bases de datos de inmigración y de la Seguridad Social.
Sin embargo, Carter ha cuestionado duramente la fiabilidad del método utilizado por el Gobierno y ha recordado que el Departamento de Seguridad Nacional identificó inicialmente en el estado de Nevada a casi 16.000 supuestos no ciudadanos en las listas, cifra que redujo a 185 tras las revisiones pertinentes que, finalmente, resultaron ser todas ellas ciudadanos estadounidenses legales. Acceder a las peticiones del Ejecutivo basándose en un procedimiento «plagado de incertidumbres y errores» conllevaría el riesgo de «privar del derecho al voto a ciudadanos estadounidenses», ha razonado el magistrado.
La resolución advierte asimismo que implementar un sistema para apartar estas papeletas a escasos días del 3 de noviembre supondría obligar a las administraciones locales a crear procedimientos completamente nuevos, desviando recursos técnicos y humanos, lo que amenazaría la finalización del recuento y el cumplimiento de los plazos legales del proceso electoral.
