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Varios países de la Unión Europea han planteado este lunes la posibilidad de activar el Estatuto de Bloqueo europeo para proteger al Tribunal Penal Internacional (TPI) frente a las sanciones anunciadas por Estados Unidos el pasado viernes, lo que permitiría neutralizar los efectos de las medidas restrictivas contra altos cargos de dicha corte en suelo europeo.
Así lo han defendido los ministros de Exteriores de Bélgica, Francia, Alemania y Suecia en declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Luxemburgo, donde han reclamado estudiar la activación de este mecanismo para garantizar la independencia del TPI, mientras que otros han abogado por aprovechar el plazo de seis meses antes de la entrada en vigor de las sanciones para tratar de alcanzar una solución negociada con Washington.
En concreto, el ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, ha explicado que su país, junto con Países Bajos, ha solicitado incluir esta cuestión en el orden del día del encuentro para pedir a la Comisión Europea que estudie la activación del Estatuto de Bloqueo, un instrumento jurídico destinado a proteger a los operadores europeos frente a la aplicación extraterritorial de determinadas sanciones extranjeras, y que anteriores ocasiones también ha reclamado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para defender al TPI.
«Creo que es realmente indispensable», ha señalado el jefe de la diplomacia belga, quien ha advertido de que algunos socios del TPI ya están dejando de prestarle apoyo ante la perspectiva de que también se les aplique las sanciones estadounidenses, una situación que ha calificado de «dramática».
En la misma línea, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, ha condenado las medidas anunciadas por Washington y ha defendido abrir un diálogo entre la Unión Europea y Estados Unidos para lograr que la Administración Trump dé marcha atrás en su decisión, aunque ha advertido de que París está dispuesta a recurrir al mecanismo europeo si fracasan las negociaciones.
«En su defecto, estamos preparados para activar el reglamento de bloqueo», ha afirmado Barrot, quien ha reivindicado la necesidad de proteger a las empresas e instituciones europeas frente a sanciones extranjeras y garantizar que el TPI, al que ha definido como un «pilar de la arquitectura del Derecho Internacional», pueda seguir desempeñando sus funciones.
También la ministra sueca de Exteriores, Maria Malmer Stenergard, se ha mostrado favorable a estudiar la activación de este instrumento, asegurando que, si resulta necesario recurrir a él, la Unión Europea debe estar dispuesta a hacerlo, al considerar que la corte desempeña «un papel fundamental» para garantizar que los responsables de las violaciones más graves del Derecho Internacional rindan cuentas ante la justicia.
Por su parte, el ministro de Estado para Europa de Alemania, Gunther Krichbaum, ha lamentado las sanciones estadounidenses y ha reclamado aprovechar el plazo de 180 días antes de su aplicación para intensificar el diálogo con Washington, al tiempo que ha defendido la necesidad de proteger la independencia del tribunal y preservar el orden jurídico internacional.
«Solo hay un Derecho Internacional y ese Derecho Internacional es indivisible», ha subrayado el representante alemán, quien ha recordado que el TPI es responsable de juzgar los crímenes internacionales más graves y ha insistido en que la Unión Europea debe actuar con determinación para garantizar que pueda seguir desempeñando su labor, abriendo la puerta también a estudiar el Estatuto de Bloqueo.
Asimismo, la ministra de Exteriores de Letonia, Baiba Braze, ha respaldado la necesidad de proteger el funcionamiento del TPI, especialmente por su papel en la «rendición de cuentas» por los crímenes cometidos durante la invasión rusa de Ucrania, aunque también ha apostado por aprovechar el plazo disponible para buscar una solución con Estados Unidos.
El debate sobre la activación de este mecanismo no es nuevo, ya que el pasado mes de mayo varios Estados miembro, entre ellos España, solicitaron a la Comisión Europea que recurriera al Estatuto de Bloqueo para proteger a los jueces y fiscales del TPI y a la relatora de Naciones Unidas Francesca Albanese frente a las sanciones estadounidenses, aunque el Ejecutivo comunitario evitó entonces comprometerse a utilizar esta herramienta.
De hecho, Bruselas ha mantenido hasta ahora una posición de cautela sobre su posible activación, limitándose a señalar que está evaluando las implicaciones de las sanciones y las medidas disponibles para proteger al tribunal. El portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso, llegó a calificar en agosto de «especulaciones» las preguntas sobre su puesta en marcha, si bien reiteró el compromiso de la Comisión con la independencia y el funcionamiento de la corte.
La primera oleada de sanciones estadounidenses se aprobaron en respuesta a las órdenes de arresto dictadas por el TPI en noviembre de 2024 contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en el marco de la ofensiva militar lanzada más de un año antes sobre la Franja de Gaza.
El 18 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión en su 'lista negra' de sanciones a la presidenta del TPI, Tomoko Akane, y el fiscal Abdoulaye Seye, también por su papel en las investigaciones iniciadas por el tribunal por crímenes de guerra cometidos en Gaza.
La últimas sanciones contra el tribunal se aprobaron el pasado viernes, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció medidas apenas unas horas después de la decisión del Comité Noruego del Nobel de reconocer a la exjueza del TPI y antigua Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, con el premio Nobel de la Paz, galardón que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había reclamado en los días anteriores para sí mismo.
