La relatora especial de Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, Alice Jill Edwards, ha denunciado este martes el alto nivel de impunidad existente en Israel ante las denuncias por abusos contra presos palestinos.
«En mi opinión, la cantidad y la crueldad de las denuncias recopiladas demuestran un flagrante desprecio por parte de Israel de su deber de tratar a todos los detenidos con humanidad y sin discriminación, lo que ha alentado, tolerado y consentido la tortura y los malos tratos, en ocasiones con apoyo a nivel ministerial y funcional», ha expresado en un comunicado.
Edwards ha afirmado que las medidas impuestas por Israel tras los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023 han expuesto a los presos palestinos a «tortura, muertes potencialmente ilegales, detención incomunicada y condiciones degradantes».
La relatora ha informado de que, tras sus pesquisas, ha contabilizado 52 incidentes de diversas formas de tortura u otros malos tratos contra presos palestinos, así como 33 incidentes de tortura sexual y otros malos tratos de carácter sexual.
En concreto, las denuncias incluyen un caso de violación anal y vaginal reiterada y dos casos de violación con objetos, mientras que once detenidos varones denunciaron palizas, tocamientos, descargas eléctricas y ataques de perros en sus genitales.
Asimismo, se ha hecho eco de informes sobre al menos 94 muertes bajo custodia desde octubre de 2023 que todavía no han sido investigadas. Las autopsias realizadas en varios de estos casos revelaron múltiples fracturas de costillas, hemorragias en la piel y órganos internos, así como laceraciones en órganos intraabdominales. Hay al menos un niño entre los fallecidos.
«Las graves deficiencias en la gestión de las investigaciones refuerzan la idea de que la impunidad está muy extendida en Israel», ha afirmado, instando a llevar a cabo investigaciones «completas, independientes y transparentes» al respecto.
De las 1.680 denuncias presentadas contra los servicios de Inteligencia israelíes, «ninguna ha derivado en una acusación formal», mientras que de los escasos 52 casos investigados por la División de Investigación Criminal de la Policía Militar, «solo unos pocos han sido procesados».
«Les recuerdo a los funcionarios de todos los niveles que la tortura es un crimen internacional contra el cual no se permiten amnistías ni inmunidades. La responsabilidad individual no puede eludirse invocando la defensa de órdenes superiores», ha expresado.
En total, hay 9.000 palestinos detenidos en Israel, de los cuales el 40% se encuentran bajo detención administrativa, una medida que permite mantener bajo arresto de forma indefinida y sin cargos a personas sospechosas de cargos contra la seguridad.
«Reitero mi llamamiento a la liberación de todos los palestinos detenidos arbitrariamente o su pronta persecución judicial en procedimientos justos», ha indicado, expresando además su disconformidad con la nueva ley de pena de muerte contra palestinos.
La relatora especial también ha anunciado que ha iniciado una nueva investigación sobre las denuncias de tortura y otros abusos cometidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), la Yihad Islámica y otros grupos armados en la Franja de Gaza, así como por la Autoridad Palestina en Cisjordania.
