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Una jueza federal de Estados Unidos ha emitido una orden de gran alcance este viernes que impide al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, «amenazar» o «intimidar» a los funcionarios electorales, en medio de tácticas de presión utilizadas en las semanas previas a las elecciones de medio mandato que se celebran el próximo 3 de noviembre.
«Si bien los demandados afirman que sus acciones están diseñadas para detener el voto ilegal de los no ciudadanos, es probable que sus acciones tengan el efecto de interferir con la administración electoral y privar del derecho al voto a los electores legales», ha afirmado la jueza de distrito estadounidense Trina Thompson en su dictamen al conceder una orden de restricción temporal, según ha recogido la cadena estadounidense CNN.
Mientras su orden temporal esté vigente, el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional no pueden exigir a los funcionarios electorales de ningún estado que «separen las papeletas, eliminen votantes de los padrones electorales ni detengan el procesamiento de las mismas».
Además, la magistrada está bloqueando las «amenazas de enjuiciamiento penal contra los funcionarios electorales por parte de dichas agencias» y ha afirmado que la Administración de Trump no puede tomar otras medidas que «amenacen, intimiden o coaccione» a los funcionarios electorales para que exijan cambios en los procedimientos de las papeletas.
Así, la orden requiere que la Administración notifique a Thompson cualquier «solicitud de orden de registro, citación del gran jurado u otra demanda para acceder a materiales electorales o papeletas de votación» emitida en el marco de los listados elaborados por la propia Gestión con el fin de sostener que ciertos individuos carecen del derecho al voto.
La demanda ha sido presentada por una coalición de sindicatos y grupos de derechos civiles, entre ellos la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, que han alegado que la conducta del Gobierno estadounidense viola la Ley de Derecho al Voto y constituye una «intromisión inconstitucional en el control estatal sobre la administración electoral».
Esta polémica viene a raíz de la «controvertida» operación de cotejo de datos, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional, que compara las listas de votantes estatales con los registros federales. Los funcionarios electorales sostienen que las listas de presuntos no ciudadanos creadas por este Departamento no son fiables. El objetivo, según afirma la propia Administración, tiene como objetivo impedir que los no ciudadanos voten. Así, el Gobierno procesará a los funcionarios electorales por «no hacer lo suficiente para prevenir el voto ilegal».
En este sentido, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ha dictaminado que el Gobierno no tiene derecho a intervenir en la forma en que los Estados verifican el estatus de ciudadanía.
