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Un tribunal de Túnez dicta otra condena a cadena perpetua contra el líder del partido islamista Ennahda

Redacción

· 4 min · IRR-2 · Redacción

Un tribunal antiterrorista de Túnez ha emitido una nueva condena a cadena perpetua contra el líder del partido islamista moderado Ennahda, Rachid Ghanuchi, en un caso que gira en torno a las acusaciones sobre «un aparato secreto» encabezado por el grupo y vinculado con asesinatos y labores de espionaje.

El tribunal ha dictado así esta pena contra el expresidente del Parlamento tunecino, quien lleva años detenido y sobre el que pesan otras penas, a lo que se suman otras condenas a cadena perpetua contra cerca de una decena de personas, entre ellas Ridha Baruni, alto cargo de Ennahda.

Asimismo, el ex primer ministro tunecino y antiguo vicepresidente de Ennahda Alí Larayed ha sido condenado a 42 años de cárcel, en el marco de un proceso por la supuesta creación de un «aparato secreto» dedicado a asesinatos y espionaje en el seno del Estado, según ha recogido la agencia estatal tunecina de noticias, TAP.

El caso deriva de una denuncia presentada en 2022 por la Fiscalía y el Comité de Defensa de los Mártires Chokri Belaid y Mohamed Brahmi, dos destacados políticos izquierdistas tunecinos asesinados en 2013, ambos muy críticos con Ennahda tras el éxito de la revolución que provocó la caída en 2011 del régimen de Zine el Abidine ben Alí.

Belaid, secretario general del Partido de los Patriotas Demócratas Unificados (WATAD) y —al igual que Brahmi— miembro del Frente Popular, fue asesinado frente a su casa en febrero de 2013. Un tribunal condenó en 2024 a muerte a cuatro personas y a cadena perpetua a otras dos por el suceso.

El político fue un firme opositor del antiguo régimen de Ben Alí y crítico con Ennahda y las Ligas de Defensa de la Revolución, surgidas tras el derrocamiento del expresidente y cuyos miembros fueron acusados de pertenecer a movimientos islamistas extremistas y a grupos de autodefensa radicales.

Por su parte, Brahmi, antiguo líder de Echaab (Pueblo) y uno de los políticos más críticos con Ennahda, fue asesinado en julio de 2013 frente a sus vivienda en el distrito de Ciudad El Ghazela, donde fue tiroteado por dos hombres que iban a bordo de una motocicleta

Las condenas contra Ghanuchi y otros altos cargos de Ennahda han sido criticadas por el partido islamista, que las ha tildado de «impactantes» y que ha hablado de «desviación peligrosa y sin precedentes en el rumo de la justicia en Túnez», reiterando su rechazo a las acusaciones contra los imputados, según un comunicado publicado en redes sociales.

En este sentido, ha destacado que «el caso tiene un contexto político, no judicial», ya que «arrancó con una demanda presentada por representantes de un partido político, no por parte de autoridades judiciales o de seguridad». «Esto revela claramente que el origen está en una rivalidad ideológica, no en un crimen», ha argüido, antes de ahondar en que el término de «aparato paralelo» fue «empleado en el contexto de un conflicto político» y «como herramienta de difamación».

La formación ha remarcado además que «el principal acusado en el caso original, Mustafá Jidr, fue arrestado y juzgado en 2013, cuando Ennahda estaba en el poder». «Cumplió su condena a ocho años de cárcel, sin reducciones», ha dicho, al tiempo que ha insistido en que los tribunales «concluyeron entonces que no había conexión entre este caso y Ennahda o sus líderes».

Por ello, ha hecho hincapié en que «la decisión de revivir el caso busca eliminar a un oponente político», algo que enmarca en «el golpe contra el proceso democrático en 2021 y la toma posterior del aparato judicial» por parte del presidente de Túnez, Kais Saied, quien ese año disolvió el Gobierno y el Parlamento y se arrogó todas las competencias.

Ennahda ha expresado por ello su condena a las sentencias y ha reclamado «la suspensión inmediata de todos los juicios injustos, la liberación de todos los presos políticos y el fin del uso de las farsas judiciales para encubrir los fracasos de las autoridades». «La crisis económica es real, el deterioro social es evidente, y el sufrimiento diario de los ciudadanos no puede ser tapados por los tribunales o la retórica de la purga», ha apostillado.

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