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Un tribunal de Malta ha absuelto al empresario Yorgen Fenech de dos cargos por ordenar el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en 2017 cuando realizaba investigaciones sobre corrupción que salpicaban al Gobierno maltés en el marco de los Papeles de Panamá.
El tribunal ha absuelto a Fenech después de que el jurado haya emitido este miércoles un veredicto de no culpabilidad por ocho votos contra uno en ambos cargos que se le imputaban por complicidad y conspiración tras ocho horas de deliberación, según ha recogido el diario 'Times of Malta'.
La Fundación Daphne Caruana Galizia ha lamentado la absolución de Fenech «nueve años» después de que la periodista haya sido asesinada, «negándole la justicia que merece». «Los fracasos institucionales que permitieron su asesinato siguen sin resolverse ni reformarse», ha reprochado en un comunicado.
Por su parte, la ONG Repubblika ha tildado de «decepcionante» el veredicto y ha trasladado su apoyo a la familia, que ha tenido que soportar durante nueve años «la revelación de los detalles más íntimos» de su muerte, «años de procesos penales, ataques continuos y difamación», así como una «carga intolerable» de «luchar por las verdades que el propio Estado estaba obligado a descubrir».
«El veredicto, sin embargo, no requiere que Malta finja que las pruebas oídas durante este juicio nunca fueron oídas. No borra los hallazgos de la investigación pública y no responde a las preguntas profundas que quedan sobre la corrupción, la impunidad, la interferencia política y los fracasos del Estado», ha señalado en un comunicado.
Por su parte, la ONG Occupy Justice ha resaltado que hasta que no haya rendición de cuentas en «la cadena completa» de las personas que ordenaron el asesinato de la periodista «y hasta que los fallos institucionales expuestos» tras su muerte se aborden, «la lucha por la justicia» no termina.
«El trabajo no termina aquí. Malta todavía necesita la verdad, la rendición de cuentas, protección para los periodistas e instituciones que actúen antes de que la corrupción y la impunidad se vuelvan irreversibles», ha argüido en un comunicado.
El líder de la formación opositora Partido Nacionalista, Alex Borg, ha sido el primer político en reaccionar al veredicto, instando a la población a manifestarse frente al Parlamento maltés, alegando que si bien «respetan el veredicto» esto no implica «guardar silencio» ante los interrogantes que surgieron durante el juicio.
Borg ha asegurado además que el veredicto no cierra el capítulo de su asesinato ni exime al Estado de su responsabilidad política por las graves deficiencias que socavaron la investigación, entre ellas la falta de valoración de pruebas del caso ante el retraso de las autoridades de incautar, extraer o analizar datos clave en teléfonos, ordenadores u otros dispositivos.
«No se trata de detalles menores. ¿Cuántas pruebas se perdieron y cuántas líneas de investigación quedaron sin explorar a tiempo? ¿Qué tan diferente habría sido la postura de la Fiscalía si desde el primer día hubiéramos contado con instituciones independientes, libres de conflictos y de la presión del poder?», ha cuestionado.
La familia de la periodista acudió a los tribunales exigiendo la retirada del caso de Silvio Valletta, excomisionado adjunto de la Policía de Malta —y casado con Justyne Caruana, entonces ministra del Gobierno del Partido Laborista— por falta de imparcialidad después de que trascendiera que mantenía una estrecha relación con Fenech, con quien llegó a viajar al extranjero mientras dirigía las pesquisas.
A las irregularidades en la gestión de las pruebas se sumaron las constantes filtraciones de información confidencial sobre el estado de la investigación, que permitieron a los implicados en el crimen anticiparse durante años a las acciones de las autoridades.
El caso se ha alargado durante años debido a que Fenech ha presentado varias denuncias relativas a las condiciones en las que se produjo su detención, la ilegalidad de la misma, el supuesto fracaso del Estado maltés para proteger su salud y los procedimientos judiciales, que, a su juicio, violaron su derecho a tener un juicio justo en un plazo de tiempo razonable.
Según las investigaciones, el empresario pagó presuntamente a los sicarios alrededor de 150.000 euros para matar a la periodista, que meses antes de su muerte había revelado la existencia de una empresa opaca registrada en Emiratos Árabes Unidos llamada 17 Black, propiedad de Fenech y utilizada para transferir presuntas comisiones irregulares a altos cargos del Gobierno de Malta.
Otras dos personas —Robert Agius, conocido como 'Ta Maksar', y su socio Jamie Vella— fueron declaradas culpables en junio de 2025 por suministrar la bomba que mató a la periodista. En 2022 otros dos hombres, los hermanos George y Alfred Degiorgio, fueron condenados a cumplir 40 años de prisión tras admitir haber colocado y detonado la bomba. Un tercer cómplice, Vince Muscat, fue condenado a 15 años tras confesar y revelar detalles del crimen.
Caruana Galizia fue asesinada con un coche bomba el 16 de octubre de 2017 a los 53 años en su domicilio en Bidnija. En el momento de su asesinato, se encontraba investigando un caso vinculado a los Papeles de Panamá y relacionado con presuntos sobornos canalizados desde 17 Black hacia empresas pantalla que el jefe de gabinete del ex primer ministro Joseph Muscat, Keith Schembi, y el ministro de Turismo, Konrad Mizzi, poseían en Panamá.
Un informe elaborado en 2021 reveló que el riesgo para la vida de la periodista aumentó en cuanto expuso los tratos en el extranjero de los principales políticos malteses en el marco de la filtración de los Papeles de Panamá en 2016.
Fenech, quien fuera máximo responsable del Grupo Tumas y consejero de la empresa ElectroGas Malta, fue detenido en noviembre de 2019 mientras navegaba con su yate al salir de un puerto deportivo en Malta. La acusación se basó en las pruebas aportadas por su chófer, Melvin Theuma, quien confesó haber actuado como intermediario en el asesinato y recibió un indulto a cambio de su testimonio.
La detención, sumada a las sospechas de que altos cargos del Gobierno también estaban implicados, desencadenó protestas en todo el país en diciembre de 2019 que pusieron sobre las cuerdas al entonces primer ministro, Joseph Muscat. La periodista también reveló que la esposa del 'premier' poseía una empresa en Panamá llamada Egrant.
