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El magistrado Wayne Ozzi, del Tribunal Supremo del estado de Nueva York en Staten Island, ha fallado en contra de la administración del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, y ha ordenado rehacer la implementación del impuesto a las segundas residencias ('Pied-a-Terre Tax'), tras concluir que el proceso de cobro viola los derechos «al debido proceso» de los propietarios.
En su fallo el juez dictamina que el Departamento de Finanzas de la ciudad ha perjudicado y «penalizado innecesariamente» a los ciudadanos por el método utilizado para aplicar la ley tributaria. En concreto, la sentencia critica que las autoridades enviaran notificaciones exigiendo a los dueños solicitar una «exención», lo que trasladó, según argumenta Ozzi, de forma injusta la carga de la prueba a los ciudadanos para demostrar que las viviendas eran su residencia principal, en lugar de que la agencia hiciera una evaluación previa utilizando los datos fiscales disponibles.
Por ello, el magistrado ha ordenado a la ciudad cancelar todos los avisos enviados previamente y retirar el registro público suplementario, que incluía a más de 900.000 inmuebles. La Justicia obliga ahora a sustituir ese listado por un registro limitado y establece que las nuevas notificaciones solo podrán enviarse tras realizar una «determinación inicial individualizada» que exponga las pruebas y criterios utilizados por la Administración.
Tras conocerse la resolución, el portavoz de la Alcaldía, Matt Rauschenbach, ha calificado el fallo de «erróneo» y ha avanzado que invocarán una suspensión de la orden judicial, según declaraciones recogidas por el portal de noticias estadounidense The Hill. «Los ultrarricos están luchando en los tribunales para evitar pagar lo que les corresponde. Han presentado demanda tras demanda para proteger sus privilegios, y no daremos marcha atrás», ha advertido el portavoz.
El impuesto, impulsado en abril por Mamdani y la gobernadora demócrata Kathy Hochul para reducir el déficit presupuestario, establece un recargo anual sobre las viviendas unifamiliares tasadas en más de 5 millones de dólares (4,4 millones de euros), siempre que no sean utilizados como residencia principal.
La medida impulsada por el alcalde demócrata llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que posee múltiples propiedades en Nueva York, a acusar al dirigente local de estar «destruyendo» su ciudad natal, tachando de «error total» sus políticas fiscales.
