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La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, ha pagado este sábado una fianza de 360.000 pesos filipinos (casi 5.000 euros) ante un tribunal de Ciudad Quezón (en el noroeste del país), asegurando así su libertad provisional después de que se emitiera una orden de arresto en su contra por amenazas contra el presidente, Ferdinand Marcos Jr, y la primera dama, Liza Araneta-Marcos, entre otros.
Duterte está acusada de proferir amenazas de muerte contra el presidente, su mujer y el expresidente de la Cámara de Representantes, Martin Romuldez, en 2024. Fue durante una conferencia de prensa en noviembre de aquel año y, presuntamente, la vicepresidenta detalló planes de asesinatos contra los mencionados en caso de que ella misma fuese asesinada. La vicepresidenta, durante la sesión, ha negado las acusaciones, explicando que hizo esos comentarios por motivos de seguridad y que «han sido sacados de contexto», además de decir «no sentirse segura».
«No me siento segura, de verdad que no me siento segura. No confío en el tribunal, no confío en la policía», ha declarado ante los periodistas y sus abogados.
Asimismo, la vicepresidenta ha afirmado sentirse insegura desde 2023 debido al «acoso» que sufre su familia por parte de las autoridades. «¿Quién responderá por esto si muero esta noche? ¿Quién será el responsable?», ha exclamado.
Según han informado varios medios locales, la vicepresidenta ha mostrado su preocupación antes y durante la entrada al edificio judicial, señalando las armas de fuego de los agentes y su presencia en espacios reducidos y privados. Duterte entonces habría pedido a los periodistas que la acompañaran al quinto piso, donde pagaría la fianza. «Quiero que mucha gente lo vea. La verdad es que no sé qué me va a pasar ahí dentro», ha dicho, recordando el asesinato del exsenador Benigno «Ninoy» Aquino Jr en 1983.
Duterte se enfrenta al mismo tiempo aun proceso de destitución pendiente desde julio, también conocido como 'impeachment'. En agosto, sus abogados argumentaron que no se pueden iniciar procedimientos penales contra una dirigente sujeta a un juicio político. Sin embargo, la Justicia filipina sostuvo que ambos procedimientos pueden llevarse a cabo simultáneamente.
El 'impeachment' de la vicepresidenta la acusa de corrupción, complots de asesinato y abusos reiterados, entre otros. Todos estos cargos han sido negados por Duterte. Aún así, la hija del expresidente Rodrigo Duterte anunció en febrero su candidatura a las elecciones de 2028.
Las relaciones entre las familias Marcos y Duterte han empeorado significativamente durante los últimos años, especialmente de cara a las elecciones generales de mitad de mandato celebradas en 2025, si bien la figura del expresidente filipino Rodrigo Duterte sigue salpicando la política dado que se encuentra encarcelado en La Haya, Países Bajos, a la espera de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) lo someta a juicio por presuntos crímenes contra la humanidad.
