El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha llevado este martes al Tribunal Superior del Cabo Occidental la impugnación del informe parlamentario que en 2022 apuntó que el dirigente podría haber violado la ley anticorrupción tras el caso por el robo de unos 500.000 euros de su rancho en la provincia de Limpopo.
En una solicitud formal de 63 páginas, el líder sudafricano pide revisar el informe del Panel Independiente, en concreto para anular los comentarios sobre posibles prácticas de corrupción, después de que a finales de 2024 la Fiscalía sudafricana retirara todas las acusaciones por prácticas de corrupción y de lavado de dinero en relación con el robo.
Según informa la cadena sudafricana eNCA, Ramaphosa ha alegado que la comisión independiente malinterpretó su mandato y entendió erróneamente la naturaleza de la investigación que debía llevar a cabo. Así, señala que sus conclusiones se realizaron sin tener en cuenta pruebas fiables y únicamente basadas en declaraciones.
«Salvo por la evidencia limitada que presenté en mi respuesta, no había pruebas ante el panel», subraya en los documentos judiciales presentados ante la instancia judicial. De esta forma, denuncia que las acusaciones se basaban en «especulación, ficción y conjeturas».
El caso escaló después de que la Agencia Nacional de Inteligencia asegurara que la cantidad de dinero sustraído era mucho mayor, unos 3,5 millones de euros, y estaba escondido en unos muebles de la finca. Pese a la polémica, distintos organismos judiciales han eximido al presidente sudafricano de toda negligencia y confirmaron que había presentado declaraciones correctas de todas sus propiedades y gestiones.
