El Comité Nacional Sirio que investiga la violencia sectaria desatada en julio de 2025 en la gobernación de Sueida, en el suroeste del país, donde murieron cerca de 1.800 personas, ha determinado en su informe final presentado este martes que se cometieron "graves violaciones de los Derechos Humanos".
"Con base en testimonios, pruebas digitales, documentos revisados e inspecciones sobre el terreno, el comité concluyó que los sucesos ocurridos en la provincia de Sueida en julio de 2025 constituyeron graves violaciones de los Derechos Humanos", ha declarado el comité en una rueda de prensa con motivo de la entrega del informe final al ministro de Justicia sirio, Mazhar al Wais.
El organismo, encargado por las autoridades de transición, ha citado entre los delitos cometidos "asesinatos, asesinatos intencionados, saqueos armados, destrucción e incendio de viviendas y comercios, tortura, insultos sectarios e incitación a la violencia sectaria".
Además, ha elevado a 1.760 la cifra total de víctimas mortales y a 2.188 la de heridos "de todos los bandos" en medio de enfrentamientos entre comunidades beduinas y drusas, así como con la intervención de fuerzas de seguridad vinculadas al Gobierno central.
Sin embargo, no ha podido establecer el número final de desaparecidos "debido a la falta de información por parte de todos los implicados y a la imposibilidad de acceder a la ciudad de Sueida", según ha indicado, de modo que solo se han podido documentar 60 desaparecidos pertenecientes a tribus locales de la provincia de Sueida y 30 del Ministerio de Defensa.
El informe recoge también ataques al menos a 36 municipios, incluidos incendios y actos de vandalismo contra viviendas y lugares religiosos, así como represalias contra comunidades beduinas y drusas.
En cuanto a la cuestionada acción del Ejército y las fuerzas de seguridad adscritas a Damasco, el comité ha apuntado que estas "intentaron impedir que los combatientes tribales llegaran a Sueida, pero no lo consiguieron debido a su gran número", si bien ha señalado, en base a "múltiples testimonios", que "las fuerzas de seguridad bloquearon la entrada de grupos tribales a Sueida y los obligaron a regresar tras llegar a Damasco".
El comité ha señalado que ha elaborado una lista de sospechosos pertenecientes a instituciones estatales, grupos armados y civiles, cuyos datos ha remitido a las autoridades judiciales competentes para que sean procesados.
Por otra parte, el organismo ha puesto en valor las medidas adoptadas por el Gobierno de Ahmed al Shara, para investigar las "violaciones", incluida la creación del comité, formado por siete miembros --cuatro jueces, dos abogados y un general de brigada, según el decreto del Minsiterio de Justicia sirio--, y ha emplazado por ello a las autoridades a continuar con las medidas "de manera transparente e independiente (...) para fortalecer la rendición de cuentas y prevenir la impunidad".
"Subrayamos la necesidad de implementar las recomendaciones del informe para garantizar justicia a las víctimas y exigir responsabilidades a los perpetradores, reforzando el principio de no impunidad y previniendo futuras violaciones", ha agregado.
