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La Justicia de Bolivia ha ordenado este viernes prisión domiciliaria para el exministro de Hidrocarburos y Energías Mauricio Medinaceli, destituido del cargo el pasado abril y detenido a medidados de esta semana por las presuntas irregularidades cometidas en la importación y comercialización de gasolina que estaría adulterada, en el caso conocido como gasolina «basura».
El juzgado Sexto Anticorrupción de La Paz ha impuesto a Medinaceli además el pago de una fianza de 100.000 bolivianos (algo más de 7.300 euros) y la prohibición de personarse ante las oficinas del Ministerio de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y otras entidades involucradas en el caso, recogen el diario 'El Deber' y la cadena de televisión Unitel.
Medinaceli, que además deberá presentarse cada semana ante la Fiscalía para un control biométrico, se ha declarado «no culpable» durante una audiencia celebrada este viernes tras ser detenido por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
«Yo estoy a cargo de mi madre, que tiene casi 80 años y tiene una fractura de cadera, tiene una prótesis. En ese sentido, yo no la puedo dejar abandonada porque yo soy el único que la sustenta. Es lo que quisiera añadir a la defensa (sustentada por) mi abogado y declararme inocente», ha señalado.
La Fiscalía había pedido para él seis meses de prisión preventiva, apuntando a que el exministro «omitió disponer la adopción de medidas extraordinarias de coordinación y supervisión institucional para suspender la continuidad de la distribución del combustible observado, exigir la implementación inmediata de controles integrales de calidad y coordinar con YPFB y ANH la ejecución de acciones destinadas a evitar la persistencia de la comercialización de combustible».
La orden de detención de Medinaceli llegó después de que un informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados de Bolivia apuntara al exministro, entre otros cargos, como presunto responsable en la distribución del combustible adulterado, que ha afectado a más de 70.000 vehículos hasta el mes de junio, según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), recoge la cadena de televisión boliviana UNITEL.
El Gobierno de Bolivia suspendió a principios de abril los contratos de suministro de gasolina firmados con las comercializadoras de materias primas Vitol y Trafigura por supuestos problemas de calidad del combustible, y tras una huelga de conductores de transporte público en La Paz y El Alto por los daños causados en los vehículos por la gasolina adulterada.
