Varias ONG ambientales han denunciado este miércoles el plan del Gobierno noruego para reabrir tres yacimientos de gas ubicados en el mar del Norte casi tres décadas después de su cierre a fin de paliar el déficit de suministro energético provocado por la guerra de Irán.
La medida afecta a los yacimientos de Albuskjell, Vest Ekofisk y Tommeliten Gamma, que fueron cerrados en 1998. El plan prevé que la primera extracción de gas se realice a finales de 2028 y, en total, el Gobierno se ha planteado invertir cerca de 19.000 millones de euros para reactivarlos.
El plan, defendido por el primer ministro Jonas Gahr Store como una medida que contribuirá a la seguridad energética de Europa, incluye también una ampliación de las áreas de exploración, con 70 nuevos bloques, uno de ellos a tan solo 10 kilómetros de la localidad de Lista, en Agder.
El asesor de conservación de naturaleza de la ONG BirdLife, Martin Eggen, ha afirmado que el plan debería considerarse una «amenaza directa para los valiosos recursos naturales de la zona, protegidos mediante acuerdos internacionales».
Eggen se ha referido además a la postura de la Agencia Noruega de Medio Ambiente, que recientemente ha advertido del impacto medioambiental derivado de las actividades petroleras, incluyendo los vertidos o la gestión de residuos.
«Cuando el Gobierno desobedece a su propia dirección de medio ambiente de esta manera, envía una clara señal de que se están restando importancia a las consideraciones medioambientales», ha indicado, según ha recogido la cadena de radiodifusión NRK.
Por su parte, para la ONG Greenpeace, el Gobierno de Store ha elegido un camino «equivocado» que «pone en riesgo el futuro, la pesca, la naturaleza vulnerable y un clima seguro». «Más de la mitad se encuentran en el Ártico, y las licencias están ubicadas más cerca de la costa que nunca», ha advertido.
En este sentido, ha afirmado que el Ejecutivo ha optado por «seguir los dictados de las compañías petroleras, en lugar de asumir la responsabilidad con las comunidades, la naturaleza vulnerable, los compromisos climáticos de Noruega y el derecho de los niños y jóvenes a un futuro seguro».
