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El expresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Dennis Hastert, encarcelado durante más de un año por delitos financieros vinculados a abusos sexuales a menores, ha fallecido a los 84 años en su residencia de Plano, en el estado de Illinois, por causas naturales mientras recibía cuidados paliativos, según ha informado la oficina del forense del condado de Kendall a través de un comunicado.
La titular de la oficina forense, Jacquie Purcell, ha detallado que, tras evaluar las circunstancias y coordinarse con el personal de asistencia sanitaria que lo atendía en su domicilio, las autoridades determinaron que el fallecimiento no requería la apertura de una investigación formal ni la asunción de competencias por parte del forense, dejando la certificación de la muerte en manos de su médico de cabecera.
Hastert ocupó la presidencia de la Cámara Baja estadounidense entre 1999 y 2007, convirtiéndose en el republicano que más tiempo ininterrumpido ha ostentado el cargo en la historia del país. Durante sus ocho años al frente del legislativo, desempeñó un papel institucional clave como aliado político del entonces presidente George W. Bush, impulsando leyes determinantes tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y apoyando la participación norteamericana en las guerras de Afganistán e Irak. Además, promovió la conocida como «regla Hastert», consistente en no someter a votación ningún proyecto que no contara con el respaldo mayoritario de su propia bancada.
Años después de abandonar la primera línea parlamentaria, la trayectoria pública de Hastert quedó marcada por un escándalo judicial que acabó con su reputación institucional. En 2015 fue imputado por delitos financieros tras intentar eludir los controles bancarios federales para pagar sobornos millonarios con los que buscaba ocultar abusos sexuales cometidos décadas atrás contra menores, cuando ejercía como profesor y entrenador de lucha en un instituto de secundaria. En 2016 fue condenado a 15 meses de prisión en una sentencia en la que el juez lo tachó de «abusador de menores en serie», llegando a cumplir 13 meses de reclusión en una cárcel federal antes de quedar en libertad bajo supervisión.
