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Las autoridades de Malasia han confirmado este martes que más de 10.000 ciudadanos birmanos han sido deportados al país desde el pasado mes de enero en el marco del programa de devolución puesto en marcha por las autoridades y que, según han defendido, facilita el traslado «voluntario» de aquellos que lo soliciten.
El primer ministro, Anwar Ibrahim, ha indicado que se trata de personas que habían llegado al país huyendo de la guerra civil que ha sumido a Birmania en una grave crisis humanitaria y que ha llevado a miles de personas a abandonar el territorio.
Desde el golpe de Estado de febrero de 2021, Malasia ha recibido a unos 193.000 refugiados procedentes de Birmania, según datos de Naciones Unidas, lo que ha suscitado la polémica. El Gobierno ha alertado de los problemas económicos derivados de su continuada presencia y de una disminución de la seguridad.
Anwar ha indicado así ante el Parlamento que seguirá adelante con estas deportaciones y ha indicado que durante la última semana han regresado unas 1.400 personas en embarcaciones siguiendo un acuerdo bilateral entre las partes, aunque esta decisión ha levantado la polémica por parte de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos al considerar que muchos podrían correr peligro a su regreso, especialmente los miembros de la minoría royingya.
La Alta Comisionada Adjunta de ACNUR para la Protección, Edem Wosornu, ha lamentado que Birmania sigue sumido en el conflicto y atraviesa una grave situación humanitaria. «Nos preocupan estas devoluciones en un momento en el que las personas enviadas de vuelta a Birmania pueden enfrentarse a graves riesgos y algunas de ellas podrían necesitar protección internacional», lamentó la semana pasada.
«Aunque las autoridades afirman que los retornos son voluntarios, las personas devueltas se encontraban bajo detención migratoria. Esto plantea serias dudas sobre si las decisiones de regresar fueron realmente libres e informadas. ACNUR no tuvo acceso a estas personas para poder evaluar su situación», recalcó.
La agencia considera además necesario un «mayor apoyo regional e internacional par avanzar hacia una solución política a la crisis y poner fin al conflicto en Birmania», además de instar a la comunidad internacional a «mantener su apoyo a los países de la región que acogen a personas refugiadas procedentes de Birmania».
