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Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse de nuevo con el control del país en agosto de 2021 han rechazado las órdenes de detención desveladas el lunes por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra otros dos altos cargos del grupo, concretamente los ministros de Educación y Educación Superior, por supuestos crímenes contra la humanidad en el país centroasiático.
«Condenamos la posición del llamado TPI en lo relativo a la orden de arresto de líderes de Afganistán», ha dicho el portavoz del Gobierno afgano, Zabihulá Muyahid, en referencia a las citadas órdenes contra los ministros Habibulá Agha y Neda Mohamad Nadim, que se suman a las emitidas contra el líder del grupo, el mulá Hebatulá Ajundzada, y el presidente del Tribunal Supremo, Abdulhakim Haqani.
Así, ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que «Afganistán no reconoce a ningún tribunal con el nombre de TPI ni da relevancia a sus posiciones», antes de resaltar que «los líderes del Emirato Islámico de Afganistán no han cometido acto alguno que los haga objeto de arresto o castigo por parte de ningún tribunal».
«Otro aspecto importante es que nos regimos por los dictámenes de la 'sharia' islámica y sus tribunales, y no por entidades de Inteligencia o supuestos tribunales», ha esgrimido, antes de reclamar a organismos como el TPI que «no emitan declaraciones que vayan más allá de su autoridad o jurisdicción, para mantener su propia postura y credibilidad».
El comunicado ha sido publicado después de que el TPI desvelara oficialmente las cuatro órdenes de arresto, si bien la existencia de las emitida contra Ajundzada y Haqani era ya conocida desde julio de 2025.
Los cuatro están acusados de ordenar o inducir crímenes contra la humanidad tales como la persecución contra niñas, mujeres y otras personas, según el TPI, que menciona asesinatos, encarcelamientos, torturas, violaciones y desapariciones forzosas entre las acciones que habrían sido cometidas por los fundamentalistas.
Por otra parte, están acusados de propiciar la persecución política de personas consideradas «aliadas de niñas y mujeres», en el marco de las «normas sociales discriminatorias» puestas en marcha por los talibán desde su toma del control del país a mediados de agosto de 2021, después de la huida del país del entonces presidente, Ashraf Ghani, y en pleno repliegue de las tropas internacionales.
El régimen impuesto por los talibán en Afganistán no ha recibido hasta la fecha el reconocimiento de ningún país ni organización internacional, si bien el grupo pide que se dé este paso y se retiren las sanciones impuestas contra Kabul para ayudar a las autoridades a hacer frente a la crisis económica y social, ahondada desde 2021.
