Las misiones diplomáticas en Israel de la Unión Europea y de once países, entre ellos España, han denunciado la práctica israelí de la «detención administrativa» bajo la cual miles de palestinos están en sus cárceles sin cargos ni juicio previo.
En el comunicado, publicado por el Consulado británico en Jerusalén en nombre de la UE, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y Reino Unido, los firmantes recuerdan que las «organizaciones de Derechos Humanos describen las condiciones carcelarias de los palestinos como graves y potencialmente mortales» debido a la «alimentación inadecuada, negación de atención médica y abusos sistemáticos» cometidos por sus carceleros israelíes.
Asimismo, recuerdan que «los detenidos tienen derecho a ser informados sobre los cargos subyacentes a cualquier detención, se les debe conceder acceso a asistencia jurídica y estar sujetos a un juicio justo».
En particular y por poner un rostro a la crisis, todos los firmantes declaran su profunda preocupación por las últimas informaciones sobre el grave deterioro de la salud del doctor Abú Safiya, el director del hospital Kamal Adwan (norte de Gaza), que lleva detenido sin cargos desde diciembre de 2024 por el Gobierno de Israel.
La organización Médicos por los Derechos Humanos ha afirmado que su abogado, Nasser Odeh, ha documentado lesiones graves, signos de agresión física, dificultades respiratorias y repetidos episodios de pérdida de conciencia durante una visita a su cliente.
Según Odeh, Abu Safiya fue llevado a la reunión con las manos y los pies esposados y rodeado de guardias de prisión enmascarados. Además, presentaba heridas y hematomas recientes y graves en la cabeza, y también alrededor de los ojos, las orejas y el cuello, lo que dificultaba su identificación.
Así pues, las misiones diplomáticas instan a Israel a que cumplan con sus obligaciones hacia los detenidos según el derecho Internacional y recuerdan que el propio Tribunal Supremo de Israel ha rechazó por unanimidad una política gubernamental que prohibía a los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) visitar a los detenidos palestinos en las prisiones.
Por ello y en último término, la UE y el resto de misiones diplomáticas instan a las autoridades a que apliquen «por completo» el dictamen de la corte.
