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El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, y nueve expertos independientes del organismo han instado este jueves a las autoridades del estado estadounidense de Tennessee a no llevar a cabo un nuevo intento de ejecución contra Christa Pike, cuyo caso ha reabierto —tras dos intentos fallidos— el debate sobre las garantías judiciales y el trato a las personas condenadas a muerte.
Pike, a quien le fue denegado el indulto, iba a ser ejecutada después de que un tribunal suspendiera temporalmente el procedimiento apenas una hora antes de la hora prevista. La medida fue posteriormente levantada y las autoridades llegaron a administrarle en dos ocasiones fármacos para inducir su muerte, aunque en ambos casos sobrevivió.
Esta situación ha provocado un incremento de las peticiones para que su pena sea conmutada, a las que se ha sumado el organismo de Naciones Unidas. Turk ha advertido de que la prolongación del sufrimiento provocado por los sucesivos intentos fallidos constituye una cuestión especialmente grave desde la perspectiva de los derechos humanos.
«El sufrimiento prolongado, tanto físico como mental, derivado de los múltiples intentos fallidos de ejecución es abominable y cruel», ha denunciado el Alto Comisionado en un comunicado compartido en redes sociales.
Desde Naciones Unidas han señalado también que persisten los interrogantes relacionados con el derecho de Pike a un juicio justo. Según Turk, estas cuestiones pendientes añaden motivos de preocupación ante la posibilidad de que las autoridades vuelvan a tratar de llevar a término la sentencia.
La intervención de la ONU se produce además en un contexto de incremento del número de ejecuciones en Estados Unidos, ha resaltado el Alto Comisionado, en el que el caso de Pike vuelve a situar en el centro del debate las consecuencias de la pena capital, tanto por las garantías procesales que deben rodear los juicios como por el tratamiento dispensado a quienes afrontan repetidos intentos de ejecución.
Así las cosas, Turk ha reiterado también la firme oposición de Naciones Unidas a la pena de muerte y ha defendido que este castigo debe desaparecer. «La pena de muerte no tiene cabida en ninguna sociedad», ha sentenciado.
En la misma línea se han pronunciado nueve expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que han reclamado a las autoridades de Tennessee que transforme la pena de Pike y descarte definitivamente cualquier nuevo procedimiento para ejecutarla.
«El estado de Tennessee debe poner fin de forma inmediata e irrevocable a esta crueldad conmutando la sentencia de muerte de Christa Pike», han exhortado los expertos en una declaración difundida este jueves.
Los especialistas incidido en la relevancia de que se hayan producido dos tentativas fallidas de ejecutar la pena de Pike. «No uno, sino dos intentos fallidos de ejecución constituyen una flagrante violación de la prohibición de la tortura y la privación arbitraria de la vida, y demuestran por qué la pena de muerte debería prohibirse en todas partes», han concluido.
Christa Pike, condenada a muerte por asesinato en primer grado de una compañera de clase en 1996 —cuando tenía 19 años—, se encuentra hospitalizada en estado crítico tras recibir dos inyecciones letales, según ha informado su equipo legal, que ha deplorado la actuación de las autoridades durante la ejecución, a la que dio luz verde horas antes el Tribunal Supremo al anular una suspensión temporal de la misma para revisar el análisis judicial de los abusos que habría sufrido en la infancia.
De acuerdo con declaraciones el abogado defensor federal Luke Ihnen, integrante del equipo legal de Pike a la cadena local de Nashville (Tennessee) WSMV, la defensa de la condenada ha decidido presentar una moción de urgencia para suspender la ejecución, en una nueva fase del complejo proceso legal que la ha envuelto.
Por su parte, las autoridades de Tennessee han defendido su conducta, pese a lo crítico de la situación, y han asegurado que hab seguido «todos los pasos del protocolo de ejecución legal y establecido por el estado, aprobado por la oficina del fiscal general» del mismo.
Según la reconstrucción cronológica de WSMV, los medios y testigos de la ejecución pudieron observar la escena en dos tramos de 20 y 15 minutos, aproximadamente, de un total de más de dos horas que permanecieron en la sala, la mayoría del tiempo con las cortinas de la habitación en la que se encontraba Pike cerradas.
Esta nueva eventualidad reaviva las críticas hacia el estado de Tennessee por su gestión de las ejecuciones, tras suspender en mayo la de Tony Carruthers después de que el personal médico no lograra establecer un acceso intravenoso, un proceso que duró más de una hora. Mark Fowler, el médico que participó en el intento de ejecución de Carruthers, también supervisó el intento de ejecución de Pike, ha recogido la cadena WSMV.
Tras lo sucedido, el gobernador del estado, Bill Lee, ha ordenado «una revisión exhaustiva por parte de terceros para determinar exactamente qué sucedió» y ha anunciado que la otra ejecución que estaba programada para este año no será llevada a cabo, mientras se realizan las pesquisas en torno a estos procedimientos. Anteriormente, ya había ordenado una larga pausa en las ejecuciones tras una serie de intentos fallidos que pusieron bajo escrutinio el proceder de las autoridades de Tennessee.
