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La Suprema Corte de México ha decidido iniciar un juicio contra el Estado por la desaparición del influyente líder social y activista Rosendo Radilla Pacheco durante la denominada «guerra sucia», una estrategia de terrorismo de Estado y contrainsurgencia aplicada entre los años 60 y 90 en el país norteamericano.
El asunto permitirá definir el alcance de la responsabilidad y las obligaciones del Estado mexicano para buscar a Radilla, cuya desaparición tuvo lugar en 1974 en Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero, investigar su desaparición y garantizar el respeto al derecho a la verdad y la justicia.
La corte podrá resolver de esta forma si las omisiones atribuidas a diversas autoridades constituyen violaciones graves a esos derechos y cuáles son las medidas que puede ordenar para garantizar una búsqueda e investigación efectivas.
Entre los temas a definir se encuentra la posibilidad de ordenar planes de búsqueda, diligencias de investigación y acciones de memoria, sin sustituir las atribuciones técnicas de las autoridades competentes.
El magistrado Giovanni Figueroa Mejía ha señalado que este caso reúne los requisitos de interés y trascendencia para sentar «un precedente que equilibre la autonomía ministerial con el deber constitucional, así como con el deber interamericano a garantizar justicia», según informaciones del diario 'El Universal'.
«No desconozco nuestra jurisprudencia sobre desaparición forzada ni que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado cumplidas diversas reparaciones tanto normativas como económicas del caso Radilla Pacheco», ha expresado, si bien ha resaltado que un tribunal regional ya reconoció en 2022 que «aún sigue pendiente la adopción de medidas significativas relacionadas con este caso».
«Atraer este amparo en revisión nos permitirá interpretar el artículo 2 del Pacto de San José para definir el alcance de las medidas que el Estado debe acoger internamente para garantizar Derechos Humanos y nos permitirá fijar un estándar claro frente a las omisiones de investigación estatal, que es un deber de esta corte como guardián no solo de la Constitución sino también de la Convención», ha subrayado.
Por este mismo caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2009 por primera vez al Estado mexicano por desaparición forzosa y graves violaciones de los Derechos Humanos.
Según la CNDH, el caso Radilla es un referente en el derecho mexicano dado que ha permitido establecer la obligación del Estado de adoptar estándares del Derecho Internacional en relación con la investigación y sanción de la desaparición forzada. Ahora, el Supremo mexicano podrá resolver si las omisiones atribuidas a diversas autoridades constituyen violaciones graves a Derechos Humanos y estipular qué medidas adoptar.
