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El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este miércoles mayores garantías, mejor información y más coordinación entre las autoridades nacionales y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para asegurar que los ciudadanos europeos reciben protección consultar en situaciones de crisis, incluido en un máximo de 48 horas allí en donde su propio país no cuenta con una representación.
Así consta en el texto adoptado con 470 votos a favor, 180 en contra y 18 abstenciones por el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) con el que la institución busca que el Consejo (gobiernos) tenga en cuenta su opinión —no vinculante—, después de que en un primer proceso en 2024 los 27 ignoraran las mejoras propuestas por los eurodiputados.
De este modo, la Eurocámara insiste en esta fase de segunda lectura en que se establezca una «regla de las 48 horas», de modo que se active un estatus automático en ese plazo de «sin representación» si las autoridades nacionales no pueden llegar o ser contactadas de forma segura en ese tiempo.
En caso de que el contacto sea peligroso o imposible, esta condición se aplicaría de inmediato, permitiéndoles solicitar asistencia de otro Estado miembro, un derecho consagrado en los Tratados, según piden los eurodiputados.
También piden revisiones y simulacros consulares anuales para fortalecer la preparación ante crisis consulares e insisten en la necesidad de que los ciudadanos reciban mejor información mediante aplicaciones o notificaciones en situaciones de crisis, de modo que reciban alertas en tiempo real.
Otro de los cambios que defienden los eurodiputados es que el SEAE tengan un mayor peso en la coordinación, la emisión de alertas tempranas y la formación; para lo que reclaman más personal y medios para el equipo diplomático europeo. Los eurodiputados también solicitan una mejor coordinación en materia de asesoramiento y asistencia en casos legales urgentes.
Finalmente, piden que la Comisión evalúe la directiva en un plazo de cinco años a partir de la fecha límite para su transposición, en lugar del mínimo de ocho años propuesto por el Consejo, con revisiones posteriores.
En un plazo de dos años a partir de la solicitud, la Comisión deberá evaluar la posibilidad de extender la protección a determinados nacionales extracomunitarios con residencia legal que posean un documento de viaje expedido por un Estado miembro, como por ejemplo los refugiados reconocidos.
