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La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha alertado de graves violaciones de los Derechos Humanos en las cárceles del país debido a la profunda crisis estructural que sufre el sistema penitenciario, el hacinamiento severo, el colapso sanitario y el alto número de detenidos sin condena firme.
El Informe Anual 2025 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura detalla que la población carcelaria alcanzó las 33.058 personas, un incremento cercano al 100% frente a los 17.305 reclusos registrados en 2020. Además, advierte de la falta de personal en estos centros.
Entre los principales hallazgos se encuentra la sobrepoblación, que obliga a los reclusos a dormir en pasillos, sumada al retraso sistemático en el pago de la pensión alimenticia de ocho bolivianos (unos 60 céntimos) que reciben del Gobierno.
Así, apunta a un colapso en los pozos sépticos y los sistemas de alcantarillado, la escasez de agua, la acumulación de los residuos, la falta de personal policial y la ausencia de equipos multidisciplinarios.
A esto se suma que más del 50% de las personas privadas de libertad carecen de condena firme, una situación que implica que el sistema está funcionando como un «depósito humano que vulnera sistemáticamente la presunción de inocencia».
El informe refleja que a finales de 2025 se contabilizaron unos 190 niños viviendo junto a sus madres en prisión sin una alimentación diferenciada o una paga específica asignada.
