Artículo completo
El Gobierno japonés ha efectuado este viernes la primera ejecución desde la llegada al poder de la primera ministra Sanae Takaichi tras colgar en la horca a Sunao Takami, el hombre de 58 años que mató a cinco personas en 2009 al prender fuego a una casa de juegos.
La ejecución de Takami, anunciada por el ministro de Justicia Hiroshi Hiraguchi en rueda de prensa recogida por la agencia oficial de noticias Kyodo, es la primera en 14 meses. El ministro ha argumentado que la decisión ha sido tomada «tras una consideración extremadamente cuidadosa y minuciosa».
Takami empapó en gasolina un local de 'pachinko', el popular juego japonés con bolas de acero, en la ciudad de Osaka antes de prenderlo fuego. Mató a cuatro clientes y a un empleado, e hirió a una decena de personas.
La defensa de Takami argumentó que su cliente había sido víctima de «delirios derivados de una enfermedad mental», pero el Tribunal de Distrito de Osaka dictaminó que era mentalmente competente y penalmente responsable. Posteriormente, el Tribunal Superior de Osaka y el Tribunal Supremo confirmaron dicho fallo.
En junio de 2025, Takahiro Shiraishi, de 34 años, conocido como el «asesino de Twitter» de Japón, fue ejecutado tras ser declarado culpable de asesinar, desmembrar y almacenar los cuerpos de nueve personas en Zama, prefectura de Kanagawa, cerca de Tokio. La mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes que habían publicado pensamientos suicidas en las redes sociales.
Por su lado, en un comunicado conjunto la Unión Europea, Noruega y Suiza han lamentado la ejecución recalcando su posición en contra del uso de la pena capital «en todos los casos y en todas las circunstancias».
«El uso de la pena de muerte es incompatible con el derecho inalienable a la vida y con el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La pena capital no actúa como elemento disuasorio del delito y hace que los errores judiciales sean irreversibles», ha indicado el comunicado conjunto.
La aplicación de la pena capital «hace imposible la rehabilitación como objetivo del Derecho penal moderno», han recalcado la UE, Noruega y Suiza.
Así aprovechan este caso para reiterar su llamamiento a las autoridades japonesas para que «adopten una moratoria de las ejecuciones como un primer paso positivo hacia su abolición». «Pedimos una revisión urgente y exhaustiva de la pena capital dentro del sistema de justicia penal, e instamos a las autoridades japonesas a que promuevan un amplio debate público sobre esta cuestión, basado en datos objetivos e imparciales», han recalcado en una demanda a Tokio.
