Las autoridades de Irán han criticado este sábado la «hipocresía» de la Unión Europea a la hora de hablar de Derechos Humanos después de que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, expresara su «preocupación» por la represión en territorio iraní.
«Kaja Kallas habla de las preocupaciones sobre Derechos Humanos por parte de la Unión Europea respecto a Irán. ¿Cómo puede reconciliarse tan fácilmente un supuesto compromiso con los Derechos Humanos con la entrega de apoyo logístico y técnico para cometer agresiones letales contra el pueblo iraní?», se ha preguntado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, en un mensaje difundido en redes sociales.
Así, ha lamentado que estas «agresiones», precisamente, «suponen ataques deliberados contra civiles e infraestructura nacional de vital importancia» en Irán. «Todo ello mientras se niega a condenar incluso los crímenes de guerra más flagrantes, y sin ofrecer una sola palabra de simpatía por los niños iraníes masacrados por bombas y misiles estadounidenses e israelíes, que han sido obtenidos gracias al propio apoyo logístico y técnico de la UE», ha aseverado.
Es por ello que ha descrito la postura de la UE como una forma de «banalidad del mal» y un acto de «más pura hipocresía», además de una «pérdida de credibilidad» para el bloque comunitario.
Sus palabras llegan poco después de que la UE haya aprobado nuevas sanciones contra seis personas por su «responsabilidad en graves violaciones de los Derechos Humanos» en Irán, entre ellas cinco jueces de tribunales revolucionarios y un destacado integrante de un grupo de ciberdelincuencia vinculado al régimen, al que el bloque atribuye haber facilitado la persecución de opositores políticos, activistas y minorías religiosas.
La nueva batería de medidas adoptada por los Veintisiete responde al recrudecimiento de la represión interna en Irán y eleva a 269 personas y 53 entidades la lista de sancionados. Las medidas contemplan la congelación de activos, la prohibición de viajar a territorio comunitario y el veto a poner fondos o recursos económicos a disposición de los afectados.
