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La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este domingo que Estados Unidos y los países de la coalición aún no han garantizado una «justicia real» ni han ofrecido «reparación» por los crímenes de guerra y otros abusos graves cometidos en Afganistán durante los 25 años transcurridos desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2001, según han señalado en una cronología de sus informes sobre el conflicto.
Tras los ataques de Al Qaeda contra Estados Unidos el 11 de septiembre, el Gobierno estadounidense autorizó el uso de «métodos de interrogatorio» contra «presuntos militantes» que equivalían a «tortura», según el comunicado de prensa distribuido por HRW. Según ha podido documentar, las fuerzas estadounidenses en Afganistán realizaron «actos de tortura» y otros «malos tratos», incluyendo «palizas, humillaciones, simulacros de ahogamiento, privación del sueño y simulacros de ejecución». Muchos civiles detenidos fueron liberados solo después de meses o años, sin haber sido acusados nunca de ningún delito, apunta.
Ahora, Human Rights Watch ha acusado al Gobierno de Estados Unidos de «nunca» haber rendido «cuentas plenamente» ni ha ofrecido «indemnización por estos abusos».
«25 años después, los afganos torturados bajo custodia estadounidense y las familias de quienes murieron injustamente siguen sin tener una vía clara para presentar reclamaciones u obtener reparación por parte del gobierno de Estados Unidos», ha afirmado la directora asociada para Asia de Human Rights Watch, Patricia Gossman.
Estados Unidos procesó a algunos soldados estadounidenses por homicidios ilegítimos, como el sargento Rober Bales, condenado en 2012 por matar a 16 civiles afganos en Kandahar, o el caso conocido como el 'Kill Team', cuyos miembros fueron condenados en su totalidad, con sentencias variables, por asesinar a 15 civiles afganos, también en Kandahar, en 2010.
Sin embargo, tal y como ha recogido HRW, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indultado a varios soldados estadounidenses condenados por «homicidos ilegítimos», como al teniente Clint Lorance o el mayor Mathew Golsteyn. «Las sucesivas administraciones estadounidenses han ocultado estos graves abusos, dejando a los más afectados sin indemnización ni justicia», ha denunciado Gossman.
Human Rights Watch ha asegurado que las fuerzas de la coalición también han hecho «poco» para abordar de manera efectiva los «graves abusos» cometidos por su «personal militar». Si bien tanto Australia como Reino Unido tienen investigaciones en curso sobre «presuntas ejecuciones sumarias» y «malos tratos» a civiles por parte de sus fuerzas, los avances han sido «lentos».
Australia publicó hace seis años su Investigación Independiente sobre Afganistán, sobre los «presuntos crímenes de guerra» cometidos por sus Fuerzas Armadas, y según ha denunciado HRW solo se han detenido a dos soldados desde entonces. Por su parte, Reino Unido estableció una investigación independiente sobre las acusaciones sobre los «crímenes de guerra» pero su alcance se limitó solo a un período de tras años, de 2010 a 2013.
Asimismo, el comunicado de HRW ha acusado también a los talibán y otros grupos insurgentes de atacar a la población civil, provocando «miles de muertes y heridos entre los civiles» durante el conflicto. Las fuerzas talibán asesinaron a «mujeres funcionarias y periodistas», y atacaron «embajadas, hoteles, centros de votación y organizaciones de ayuda humanitaria». El uso por parte de los talibán de artefactos explosivos improvisados de forma indiscriminada en vías públicas y zonas pobladas fue una de las «principales causas de muerte y lesiones entre la población civil».
Los talibán no exigieron «responsabilidades» a su personal por los «abusos cometidos». Otros grupos armados, incluida una filial de Estado Islámico, llevaron a cabo «atentados suicidas» dirigidos contra la «comunidad hazara y otras minorías», ha asegurado la ONG.
El Tribunal Penal Internacional (TPI) inició una investigación sobre posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Afganistán desde el 1 de mayo de 2003 por todas las partes en conflicto, incluidos los talibán, Estado Islámico, las fuerzas gubernamentales afganas, así como el Ejército y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. La Administración Trump condenó cualquier intento de investigar presuntos crímenes cometidos por personal estadounidense e impuso sanciones a jueces y fiscales del TPI.
En octubre de 2025, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tomó la decisión crucial de establecer un mecanismo de investigación independiente para Afganistán, con el fin de recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas de crímenes internacionales -pasados y en curso- cometidos por todas las partes, así como de preparar expedientes que faciliten futuros enjuiciamientos.
«Estados Unidos y los demás países que participaron en la guerra de Afganistán deberían investigar y procesar adecuadamente los presuntos crímenes de guerra cometidos por sus fuerzas, así como ofrecer una reparación apropiada a las víctimas de abusos y a sus familias», ha concluido Gossman.
