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El Ministerio de Exteriores de Francia ha confirmado este jueves que, si bien sigue sin contemplar el reconocimiento de las autoridades talibán en Afganistán, sí mantienen conversaciones con algunos de sus representantes para la devolución de personas indocumentadas, «peligrosas» y procedentes del país asiático «que representan un riesgo para la seguridad nacional» francesa.
«Se trata de un diálogo estrictamente técnico para facilitar la expulsión de los ciudadanos afganos que se encuentran ilegalmente en territorio nacional y que representan un riesgo para la seguridad nacional», ha afirmado el portavoz de la diplomacia gala, Pascal Confavreux, en declaraciones recogidas por la emisora Radio France Internationale (RFI).
Confavreux, que ha incidido en que «son personas peligrosas» sin facilitar cifras de cuántos afganos podrían ser deportados, ha remarcado que estas conversaciones son «un paso para garantizar la seguridad de los ciudadanos franceses».
Pese a este diálogo, la cartera no contempla el reconocimiento de los talibán —una política extendida en la Unión Europea, España incluida—, más de cinco años después de que se hicieran con el control de Afganistán tras el fin de la presencia militar estadounidense, prolongada por casi 20 años.
Francia replica así los pasos de otros socios comunitarios como Alemania, Bélgica o Suecia, que promueven la aceleración de la deportación de los afganos que residen ilegalmente en el país, en especial de aquellos condenados por trata de personas o violencia contra las personas.
Alemania, en concreto, mantiene abierto un canal de comunicación directa con las autoridades talibán para facilitar estos retornos, aunque no exento de críticas basadas en que, por un lado, el Gobierno alemán se niega a reconocer a los talibán debido a sus violaciones de los Derechos Humanos mientras que, por otro lado, está colaborando con ellos y «realizando concesiones».
Asimismo, tanto Naciones Unidas como diversas ONG han criticado los planes de deportación argumentando que las condiciones en el país no son adecuadas para las repatriaciones, especialmente ante las denuncias sobre abusos de los Derechos Humanos.
